AML (Prevención del blanqueo de capitales)

AML no es una tecnología, es un marco normativo y de cumplimiento. Suele citarse junto a CFT (financiación del terrorismo) y CPF (financiación de la proliferación), el bloque AML/CFT/CPF. Sus pilares operativos son el enfoque basado en riesgo, la diligencia debida del cliente (CDD) y la diligencia reforzada (EDD) para perfiles de alto riesgo como las personas con responsabilidad pública. La identificación y verificación del cliente es el KYC. A ello se suman la monitorización de transacciones, el reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (en España, el SEPBLAC) y el cribado de sanciones.

Es requisito legal para operar como entidad financiera o proveedor de servicios de criptoactivos. En la Unión Europea, el paquete AML adoptado en 2024 articula este marco en tres normas: el Reglamento (UE) 2024/1624 (AMLR), el código normativo único aplicable desde el 10 de julio de 2027; el Reglamento (UE) 2024/1620, que crea la autoridad AMLA con sede en Fráncfort y operativa desde el 1 de julio de 2025; y la Directiva (UE) 2024/1640 sobre cooperación entre Unidades de Inteligencia Financiera. El estándar global lo fija el GAFI con sus 40 Recomendaciones.

Para la tokenización, AML es la capa de cumplimiento que permite que los activos del mundo real y las stablecoins circulen on-chain dentro del perímetro regulado. Circle, emisora de USDC, opera bajo programas AML y KYC. Plataformas como Securitize y Tokeny integran estos controles en el estándar de token ERC-3643, que solo permite transferencias entre wallets verificadas. Así, las obligaciones de prevención del blanqueo se codifican en el propio activo digital.