GAFI (FATF)

El GAFI no es un regulador con poder vinculante directo. Emite estándares, las 40 Recomendaciones, que incluyen la Recomendación 15 sobre activos virtuales y proveedores de servicios (VASP) y la Recomendación 16, la Travel Rule. Las jurisdicciones los trasponen a su legislación y el GAFI verifica el cumplimiento mediante evaluaciones mutuas, revisiones entre pares. También mantiene dos listas de vigilancia: la lista gris de jurisdicciones bajo seguimiento reforzado y la lista negra de jurisdicciones de alto riesgo sujetas a contramedidas, cuya composición se actualiza en cada plenaria.

Fundado en 1989 por el G7 para combatir el blanqueo de capitales, el GAFI emitió su primer conjunto de 40 Recomendaciones en 1990 y amplió su mandato a la financiación del terrorismo en 2001. Reúne a sus miembros, entre ellos los principales centros financieros del mundo, y su Secretariado se aloja administrativamente en la OCDE, en París, aunque son organizaciones separadas. Para los criptoactivos, los hitos clave son la enmienda de la Recomendación 15 en octubre de 2018, la guía sobre VASP de junio de 2019, la actualización de octubre de 2021 sobre DeFi y NFT, y la revisión de la Recomendación 16 en junio de 2025.

La importancia del GAFI es que es la fuente última de buena parte del marco AML mundial, incluida la regulación de criptoactivos. La inclusión de un país en sus listas tiene efectos reputacionales y financieros reales, como mayor escrutinio y un acceso más caro a la banca corresponsal. Sus estándares los aplican organismos nacionales como el SEPBLAC en España o FinCEN en Estados Unidos, y la Unión Europea los traduce y refuerza a través de MiCA y el reglamento de transferencias de fondos. Proveedores de cumplimiento como Notabene, Sumsub, Chainalysis o Elliptic operan dentro de este marco.