Regulación de activos digitales y tokenización en Corea del Sur

En Corea del Sur, una empresa que quiere emitir un activo digital o prestar servicios sobre él debe empezar por distinguir dos marcos: el de los activos virtuales y el de los valores financieros. El registro de un proveedor, las medidas de protección de sus clientes y los requisitos de una emisión responden a preguntas diferentes. Utilizar blockchain no permite trasladar automáticamente la autorización de una actividad a otra.

Para situar el proyecto conviene definir qué derecho recibirá el titular, si la empresa manejará dinero fiduciario y quién controlará los activos. También importa el calendario: parte de la reforma de valores tokenizados está aprobada, pero su aplicación principal se prepara para febrero de 2027. Esta guía conecta esas decisiones con las autoridades, los requisitos de acceso y las obligaciones operativas que debe estudiar la empresa.

Qué reglas corresponden al activo y a la actividad

La ley sobre información de determinadas transacciones financieras establece registro y obligaciones contra el blanqueo para proveedores comprendidos en su ámbito. La Virtual Asset User Protection Act, aplicada desde julio de 2024, añade protección de depósitos y activos virtuales y reglas contra prácticas desleales. El registro del proveedor no valida cada token ni sustituye las exigencias del mercado de valores.

La reforma de valores aprobada en enero de 2026 modifica el registro electrónico y el régimen de mercados de capitales. Su despliegue debe distinguirse de los proyectos sobre stablecoins: la hoja de ruta de septiembre todavía condiciona la fase de liquidación vinculada a stablecoins a la legislación pendiente. No se presupone una ley integral de activos digitales ya aplicable.

Para una empresa, la clasificación debe preceder al diseño de la plataforma. Por ejemplo, un proyecto hipotético que representa derechos económicos de una inversión necesita estudiar el régimen de valores, aunque técnicamente emita tokens transferibles. La cuestión es qué se ofrece al inversor y qué hace cada participante, además del registro tecnológico elegido.

Qué supervisan la FSC, KoFIU y el FSS

Financial Services Commission, FSC, dirige el marco financiero; Korea Financial Intelligence Unit, KoFIU, interviene en registro y controles contra el blanqueo. La comunicación de agosto de 2026 precisa requisitos de accionistas, dirección, capacidad organizativa y recursos. Deben comprobarse el perímetro del registro y el alcance de los servicios, además de la existencia formal de la sociedad.

Financial Supervisory Service, FSS, inspecciona el cumplimiento de las obligaciones de protección de usuarios; la FSC dispone de potestades sancionadoras y correctivas. Korea Securities Depository, KSD, tiene funciones de registro e infraestructura en el nuevo sistema de valores. Estas funciones no deben confundirse con una garantía pública de cada emisión o con la licencia del intermediario.

Conviene traducir ese reparto de funciones a un mapa del proyecto: qué entidad presta el servicio, ante quién tramita su registro y qué organismo supervisa cada obligación. Un proveedor tecnológico puede ayudar a diseñar los controles, pero el contrato de desarrollo no acredita por sí mismo la habilitación financiera de quien opera la plataforma.

Qué necesita un proveedor para acceder al mercado

La FSC distingue los proveedores que operan con moneda fiduciaria de los que solo intercambian activos virtuales. La certificación del sistema de gestión de seguridad de la información, ISMS, y las cuentas bancarias con identidad verificada deben analizarse conforme a la categoría correspondiente. No disponer de cuenta para operaciones fiduciarias limita ese servicio, pero no convierte automáticamente todas las restantes categorías en jurídicamente inexistentes.

Desde el 20 de agosto de 2026 se refuerzan las condiciones de registro, incluyendo solvencia, antecedentes relevantes, capacidad tecnológica y controles internos. El operador debe demostrar recursos proporcionales a su actividad y la idoneidad exigida de sus responsables. La certificación informática aislada no basta para acreditar que se cumplen todos los requisitos de acceso o funcionamiento.

El expediente debe describir el servicio que se pretende prestar y los recursos con los que se sostendrá. Antes de comprometer una fecha comercial, la empresa necesita comprobar su categoría, la relación bancaria que requiere y la documentación de sus responsables. La capacidad técnica, el registro y la disponibilidad de un canal fiduciario deben encajar en el mismo modelo operativo.

Cómo se preparan la emisión y el registro de valores tokenizados

La reforma prevé reconocer el uso de registros distribuidos para valores y exige los procedimientos de registro y coordinación correspondientes. La FSC mantiene las obligaciones de oferta, información e intermediación del mercado de valores. Un derecho a rendimientos de un proyecto, una participación fiduciaria y la propiedad directa del activo subyacente no son posiciones jurídicas intercambiables.

La consulta anunciada el 1 de octubre de 2026, abierta del 2 de octubre al 11 de noviembre, desarrolla la aplicación prevista para el 4 de febrero de 2027. Propone condiciones de registro distribuido, entidades que administran cuentas del emisor y negociación extrabursátil. Los umbrales y requisitos propuestos deben presentarse como desarrollo en consulta, sin adelantar su aplicación definitiva.

El diseño de la emisión debe conectar los derechos del inversor con la función de cada entidad: emisor, administrador de cuentas, intermediario y registro. En un proyecto hipotético de inversión fraccionada, una participación en un fideicomiso y un derecho a los resultados de un negocio no deben describirse como si atribuyeran automáticamente la propiedad directa del bien. El contrato y la documentación de oferta tienen que expresar el derecho realmente representado.

Qué obligaciones continúan durante la operativa

La protección de usuarios distingue depósitos fiduciarios custodiados por bancos y activos virtuales separados del patrimonio del proveedor. El régimen incorpora custodia fuera de línea y medidas frente a incidentes. Deben documentarse conciliación, disponibilidad y devolución; las protecciones legales no eliminan pérdida de mercado, riesgo tecnológico ni controversias sobre el derecho representado por un token.

La reforma de agosto también amplía los controles de transferencias y diligencia debida, pero difiere esas medidas hasta seis meses después de su promulgación. No debe presentarse la extensión de travel rule a cualquier importe como simultánea al refuerzo de registro de agosto. Los procedimientos deben identificar qué obligación está vigente y cuál requiere preparación para su futura aplicación.

Para preparar el producto, la empresa debe convertir esas obligaciones en responsabilidades operativas: separar saldos, conciliar lo registrado con lo custodiado, gestionar incidentes y atender la devolución de activos. El calendario de implantación debe distinguir los controles ya exigibles de los cambios con aplicación diferida. Una solución técnica solo puede ejecutarlos correctamente si ese reparto se ha definido antes.

Qué conviene definir antes de iniciar el proyecto

Antes de elegir una estructura conviene preparar una descripción del activo, de los derechos del titular y de los servicios que asumirá cada empresa. Debe quedar claro si habrá intercambio con moneda fiduciaria, quién mantendrá la custodia y qué intermediario participará en una emisión de valores. Esa información permite relacionar el modelo con los registros, controles y requisitos de oferta que correspondan.

El plan de lanzamiento debe incorporar las dependencias normativas y operativas. Las condiciones propuestas para el sistema de valores tokenizados todavía deben completar su tramitación; tampoco se debe deducir de esa reforma un permiso general para emitir stablecoins. Antes de abrir el servicio a clientes conviene contrastar el permiso concreto, los contratos, el canal bancario y el texto coreano aplicable. La fiscalidad y la distribución en otros países necesitan un análisis propio.

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