La adopción de la tecnología blockchain y la tokenización de activos avanza a un ritmo acelerado, pero el verdadero motor que impulsa su desarrollo global es la existencia de un marco legal claro, coherente y favorable a la innovación.
Algunos países ya se han consolidado como referentes en materia regulatoria, estableciendo normas específicas para criptoactivos, infraestructuras DLT y emisión de tokens con respaldo jurídico. En este artículo te mostramos la información relevante sobre la regulación blockchain en Ecuador, que puedes usar como guía si buscas operar internacionalmente o evaluar distintas localizaciones estratégicas.
Legislación vigente sobre blockchain y activos virtuales en Ecuador
Ley Orgánica para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos (Ley Fintech, 2022)
Aunque no forma parte de la regulación blockchain en Ecuador específicamente, esta ley regula servicios financieros tecnológicos como neobancos, plataformas de pago electrónico y crédito digital. Su relevancia para el sector blockchain es indirecta: La ley introduce un entorno de pruebas regulatorias (sandbox) gestionado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para servicios tecnológicos de seguros, y por las Juntas de Política y Regulación para otros servicios fintech. Este sandbox no está diseñado específicamente para la tokenización de activos ni para infraestructuras DLT, por lo que Ecuador sigue sin contar con un sandbox regulatorio específico para blockchain o tokenización.
Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos (2024)
Publicada en el Registro Oficial No. 610 el 29 de julio de 2024 y en vigor desde el 29 de julio de 2025, esta ley derogó la anterior norma AML de 2016 y establece el marco actualizado de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en Ecuador. La Junta de Política y Regulación Financiera ejerce la rectoría, mientras que la UAFE es la entidad técnica encargada de recopilar información, elaborar reportes y ejecutar las políticas nacionales AML. Los VASP están incluidos como sujetos obligados. Exige implementación de KYC, monitoreo de transacciones, reporte de operaciones sospechosas ante la UAFE y cumple con los estándares del GAFI.
Resoluciones UAFE sobre criptoactivos
Desde 2018, la UAFE ha emitido lineamientos para el monitoreo de operaciones con activos virtuales. Estas resoluciones definen obligaciones específicas en materia de prevención de lavado para los VASP, incluyendo políticas de cumplimiento, capacitación de personal, gestión de riesgos y reportes periódicos.
Ley para blockchain y activos digitales Ecuador
Este Proyecto de Ley busca establecer un marco normativo integral para la adopción, uso seguro y desarrollo responsable de la tecnología blockchain, adaptándose a tendencias internacionales y necesidades locales. Aunque ya existe la Ley Fintech, se reconoce la necesidad de un marco específico y detallado para estas tecnologías.
La tokenización permite representar digitalmente activos del mundo real a través de blockchain, pero para que tenga valor jurídico, es esencial que exista un marco normativo que reconozca esta operación. Ecuador adopta su propio enfoque, estableciendo normas específicas para la emisión, custodia o negociación de tokens. En este bloque explicamos cómo se regula la tokenización de activos desde un punto de vista legal, tomando como ejemplo una jurisdicción avanzada como Ecuador.
Regulación de la tokenización de activos en Ecuador
En cuanto a la regulación blockchain en Ecuador aplicada a la tokenización, el país no dispone de una legislación integral específica para la tokenización de activos, ya sean financieros o no financieros. Si los tokens representan instrumentos financieros, su emisión puede quedar bajo la Ley del Mercado de Valores y la supervisión de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), aplicando requisitos de oferta pública y transparencia. Para tokens ligados a activos no financieros, como bienes inmuebles, arte o commodities, la estructuración se realiza bajo el derecho privado ecuatoriano, y las obligaciones fiscales y civiles dependen de la naturaleza del token y los contratos asociados.
Para la tokenización de acciones de sociedades anónimas o por acciones simplificadas (SAS), no existe en Ecuador ninguna norma específica que reconozca los registros societarios en tecnología blockchain como equivalentes a los registros oficiales. Cualquier estructuración de este tipo debe analizarse caso por caso bajo el derecho societario y de valores ecuatoriano, con asesoramiento legal específico. No existe un reconocimiento legal general para registros en tecnología DLT, aunque estos pueden tener valor probatorio en disputas privadas. Ecuador no ha implementado un sandbox regulatorio ni regímenes piloto DLT para la tokenización de activos.
El Proyecto de Ley Orgánica sobre Uso y Regulación de Tecnologías Blockchain fue archivado por la Asamblea Nacional el 14 de octubre de 2025, con 145 votos a favor del archivo, tras dictamen técnico negativo del Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías. Los organismos concluyeron que el país aún no cuenta con la madurez técnica ni jurídica necesaria para legislar sobre esta tecnología. El Proyecto de Ley de Innovación Financiera sigue en proceso de tramitación parlamentaria. El interés de los reguladores por alinear la normativa nacional con los estándares internacionales del GAFI es creciente.
Organismos y autoridades reguladoras de activos digitales en Ecuador
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
La UAFE es la autoridad encargada de la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Ecuador. Supervisa a los VASP, dicta lineamientos AML/CFT y gestiona el registro de sujetos obligados. Fiscaliza el cumplimiento de monitoreo, reporte y análisis de operaciones sospechosas, impone sanciones por incumplimiento y refuerza el marco de regulación blockchain en Ecuador para activos virtuales.
Superintendencia de Bancos
La Superintendencia de Bancos Ecuador emite directrices sobre la operativa con activos virtuales en el sistema financiero ecuatoriano. Supervisa a las entidades bajo su control y exige controles internos frente a transacciones con criptoactivos. Además, regula la interacción de los VASP con el sistema bancario, en función de los riesgos asociados, y emite advertencias públicas sobre los riesgos de invertir.
Lanzar un negocio basado en activos digitales requiere algo más que tecnología: también es necesario cumplir con exigencias legales como licencias, registros y obligaciones regulatorias. Estas condiciones aseguran que el modelo de negocio sea viable y sostenible en el tiempo, y que cumpla con los estándares de transparencia y prevención del fraude. En este apartado exploramos qué licencias suelen exigirse y qué criterios de cumplimiento deben seguir las empresas que operan bajo la regulación blockchain en Ecuador.
¿Qué licencias y requisitos se necesitan para operar con criptoactivos en Ecuador?
Inscripción como sujeto obligado (VASP)
En el marco de la regulación blockchain en Ecuador, no existe una licencia específica para operar como VASP. Sin embargo, es obligatorio registrarse como sujeto obligado ante la UAFE. Esto implica cumplir con políticas y controles AML/CFT, reportar operaciones sospechosas y mantener procedimientos internos para mitigar riesgos asociados al uso de criptoactivos.
Cumplimiento AML/KYC
Los VASP deben aplicar políticas de prevención de lavado de activos, controles de identificación del cliente (KYC), monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. El cumplimiento de estas obligaciones AML/KYC, bajo la supervisión de la UAFE, es indispensable para operar legalmente en el país y evitar sanciones administrativas o penales.
Obligaciones fiscales
Las actividades con criptoactivos están sujetas a la normativa fiscal de Ecuador. Los contribuyentes deben declarar las rentas derivadas de estas operaciones y cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes. Además, deben llevar registros contables adecuados para respaldar sus declaraciones.
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