Regulación de activos digitales y tokenización en Países Bajos

En Países Bajos, una empresa que quiere emitir o gestionar un activo tokenizado debe separar tres decisiones: qué derecho representa el token, qué servicio prestará y ante qué autoridad se tramita cada parte. AFM y DNB comparten la supervisión, con competencias distintas sobre servicios, solvencia y emisores.

Esa separación importa especialmente en custodia y activos inmobiliarios. Una estructura de protección del cliente debe funcionar jurídicamente y en la operativa diaria; representar una inversión en un token tampoco sustituye la escritura y el registro necesarios para transmitir un inmueble.

Cómo clasificar el activo tras el cierre del transitorio

El punto de partida es la clasificación bajo MiCA, aplicado en el país mediante la Uitvoeringswet verordening cryptoactiva (Ley de 11 de diciembre de 2024, Staatsblad 2024, 415, en vigor desde el 4 de febrero de 2025) y el Uitvoeringsbesluit MiCA en TFR (Staatsblad 2024, 404), que designa a la AFM y a DNB y fija el fin del transitorio en el 30 de junio de 2025. Los servicios sobre criptoactivos comprendidos en el reglamento requieren una vía habilitante, mientras los tokens que constituyen instrumentos financieros se examinan bajo la normativa de valores e inversión. Emitir ART o EMT tiene condiciones distintas de prestar custodia, intercambio o asesoramiento sobre ellos.

La transición neerlandesa fue de seis meses, frente a los dieciocho que permitía el reglamento europeo. Según el registro oficial AFM, los proveedores acogidos al antiguo registro DNB pudieron continuar hasta el 30 de junio de 2025. En octubre de 2026 ese registro histórico no es una alternativa al permiso MiCA. Deben verificarse entidad, servicios y acceso transfronterizo actual.

Cómo se reparten AFM y DNB la supervisión

La AFM describe una supervisión compartida con DNB. La AFM dirige la supervisión de CASP, otros criptoactivos y abuso de mercado. DNB controla requisitos prudenciales de CASP, incluidas determinadas participaciones significativas, y encabeza la supervisión de emisores ART y EMT. Con MiCA, además, la supervisión del cumplimiento de la ley de prevención del blanqueo (Wwft) y de la ley de sanciones pasó en lo esencial de DNB a la AFM; la Wwft modificada mantiene en DNB la de bancos y entidades de dinero electrónico que presten servicios de criptoactivos. La distribución no se reduce a que uno registre y el otro autorice cualquier actividad.

Existe un matiz relevante para emisores: la documentación sobre libros blancos atribuye a la AFM funciones sobre esos documentos y las comunicaciones comerciales de ART y EMT, aunque DNB lleve la supervisión de sus títulos MiCA. El expediente y sus modificaciones deben dirigirse conforme a las instrucciones conjuntas aplicables. La competencia del supervisor depende también del documento presentado.

Qué acredita la licencia y qué acredita el libro blanco

La AFM tramita solicitudes CASP del artículo 63 y notificaciones del artículo 60 de entidades financieras elegibles. Esta segunda vía está limitada a categorías y servicios determinados; no equivale a una exención general para cualquier empresa con licencia previa. El pasaporte desde otro Estado miembro requiere el procedimiento correspondiente y no una segunda licencia neerlandesa por el mero acceso al mercado. Conviene recordar la diferencia de alcance con el régimen anterior: el antiguo registro de DNB era una inscripción nacional, sin pasaporte europeo, mientras que la autorización MiCA permite prestar en otros Estados miembros los servicios concedidos mediante ese procedimiento.

Las solicitudes deben acreditar gobierno efectivo, recursos y capacidad de controlar las actividades externalizadas. La documentación debe describir el negocio real y los servicios solicitados. El registro público identifica los servicios permitidos; conviene cotejarlos con custodia, intercambio, plataforma o asesoramiento efectivamente contratados, sin atribuir al permiso una cobertura que no consta en él.

La notificación de libros blancos de los títulos II y IV de MiCA no equivale a su aprobación por la autoridad. Debe separarse el permiso de la entidad del procedimiento informativo del activo. Presentar una comunicación comercial como respaldada por el regulador porque recibió un documento puede inducir a error sobre la protección o calidad del producto.

Por qué un token inmobiliario necesita un derecho definido

Una acción, obligación o participación tokenizada debe analizarse por sus derechos y estructura. El régimen piloto DLT descrito por la AFM permite solicitar permisos específicos para infraestructuras de negociación y liquidación, con condiciones y posibles exenciones. No convierte toda emisión en una infraestructura autorizada ni elimina el análisis del instrumento, su oferta y los servicios de inversión asociados.

En inmuebles, Kadaster explica que la transmisión requiere escritura de un notario neerlandés e inscripción registral. Un token puede estar vinculado a un crédito, una participación o un contrato relacionado con el inmueble, pero ese vínculo no sustituye la transmisión registral. Debe indicarse expresamente qué derecho recibe el comprador y frente a qué entidad puede exigirlo.

Cómo separar los activos y controlar pagos y tecnología

Las preguntas y respuestas AFM distinguen separación jurídica y operativa de activos de clientes. La utilización de una fundación separada, stichting derdengelden, exige condiciones sobre finalidad, responsabilidades y control. No basta con crear la entidad o separar carteras. El CASP conserva responsabilidades de custodia y debe poder identificar posiciones y restituir activos conforme al modelo autorizado.

Las obligaciones de prevención del blanqueo, sanciones y transferencias se concretan, entre otros mecanismos, en el cuestionario supervisor de 2026. La AFM también exige documentación de resiliencia y dependencias tecnológicas. En el plano fiscal, la Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling cryptoactiva (Staatsblad 2026, 79), que transpone con efectos desde el 1 de enero de 2026 la directiva europea de cooperación administrativa aplicable a los criptoactivos (DAC8), obliga a los proveedores a identificar la residencia fiscal de sus clientes y a comunicar cada año, a más tardar el 31 de enero, información sobre sus operaciones del año anterior. Si la operativa constituye además un servicio de pago, debe examinarse PSD2 y la competencia de DNB; una licencia CASP no cubre automáticamente esa función.

Qué resolver antes de presentar el proyecto neerlandés

Antes de presentar la solicitud, conviene dibujar la relación entre emisor, CASP, entidad que custodia fondos y proveedores de pagos. Cada contrato debe corresponderse con la entidad y servicios que aparecen en los registros y con la responsabilidad que permanece en el proveedor autorizado.

En la emisión, hay que distinguir la notificación del libro blanco de la aprobación que pueda exigir el régimen concreto. Si el activo representa una inversión inmobiliaria, el inversor debe entender si adquiere propiedad, una participación o un crédito, y qué formalidades hacen exigible ese derecho. Conviene seguir además la revisión europea en curso: la Comisión presentó el 4 de diciembre de 2025 una propuesta de reglamento, COM(2025) 943, que reformaría el régimen piloto DLT y centralizaría en ESMA la autorización y supervisión de los proveedores de servicios de criptoactivos, salvo las entidades de crédito y las entidades financieras habilitadas por el artículo 60 de MiCA. Es una propuesta pendiente de aprobación, no derecho vigente, pero puede condicionar la elección de sede a medio plazo.

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