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FiyiFiyi prohíbe la actividad empresarial VASP desde agosto de 2025, incluida determinada promoción, soporte y operativa dirigida a residentes desde el extranjero. La prohibición se refiere a servicios y activos definidos por ley, con exclusiones para representaciones digitales de instrumentos sujetos a legislación financiera. Estas exclusiones requieren análisis y no constituyen una licencia general de tokenización.
En Fiyi, la pregunta inicial para una empresa es si su actividad entra en la prohibición de servicios de activos virtuales. La reforma de 2025 alcanza determinadas actividades empresariales y servicios relacionados dirigidos a residentes, incluso cuando el proveedor está fuera del país. Por ello, una licencia extranjera o una estructura tecnológica no resuelven por sí solas el acceso.
El análisis debe distinguir ese negocio de los instrumentos financieros legalmente excluidos y de aplicaciones de software ajenas a su perímetro. Esta guía explica esa frontera y qué documentación necesita un proyecto para estudiarla. No existe una vía general de licencia VASP que pueda abrirse simplemente acreditando capital o controles de clientes.
Qué actividades prohíbe la reforma de 2025
La Reserve Bank of Fiji (Budget Amendment) Act 19 de 2025 reformó las definiciones y el artículo 22 de la ley del banco central. Desde el 30 de agosto de 2025 prohíbe desarrollar, aparentar o anunciar actividad empresarial como proveedor de servicios de activos virtuales. La norma alcanza personas físicas y jurídicas situadas dentro o fuera del país.
El comunicado del RBF identifica intercambio con moneda fiduciaria, intercambio entre activos virtuales, transferencia, custodia, administración y servicios financieros relacionados con ofertas del emisor para terceros. La definición delimita actividades empresariales concretas; no permite concluir sin otro análisis que cualquier uso de una base de datos distribuida esté prohibido.
Qué funciones tienen RBF y las autoridades de protección
El Reserve Bank of Fiji comunica el alcance de la prohibición bajo su legislación. El National Anti-Money Laundering Council coordina prevención del blanqueo y otros delitos financieros. Su respaldo a la medida se fundamenta en riesgos y capacidad de supervisión, pero no sustituye el texto legal ni constituye un procedimiento para solicitar excepciones comerciales.
La Consumer Council of Fiji también ha advertido sobre programas de formación que promovían operaciones con activos virtuales. Se trata de una actuación de protección del consumidor, no de un nuevo tipo de licencia. Llamar educación, comunidad o soporte tecnológico a un servicio no resuelve su encaje cuando facilita una actividad comprendida en la prohibición.
Por qué no existe una solicitud ordinaria de licencia VASP
El artículo 22 reformado no establece una licencia VASP que pueda obtenerse cumpliendo capital mínimo o controles AML. Incluye promoción, publicidad, pagos, liquidación y asistencia técnica u otros servicios relacionados dirigidos a residentes. Constituir una sociedad en otra jurisdicción no permite presumir que esas actividades quedan fuera del alcance local.
La reforma del RBF de julio de 2026 modifica beneficios, cuentas y otras disposiciones del banco central, sin alterar el artículo 22. Por tanto, esa reforma no acredita reapertura de acceso. Las propuestas de innovación o futuras revisiones anunciadas tampoco permiten iniciar operaciones mientras la prohibición aplicable continúe vigente.
Cuándo debe analizarse la exclusión de instrumentos financieros
La definición legal de activo virtual excluye determinadas representaciones digitales de moneda fiduciaria, valores y otros activos financieros comprendidos en la ley del RBF y la Companies Act de 2015. Es necesario comprobar que el instrumento encaja efectivamente en esa exclusión. Denominarlo security token o vincularlo a un inmueble no demuestra que quede automáticamente fuera de la prohibición.
Si se propone una estructura excluida, deben verificarse normas de emisión, intermediación, custodia y transmisión del derecho bajo el régimen financiero correspondiente. Las fuentes consultadas no acreditan una vía específica DLT que convierta cualquier token en título sobre el bien representado. La clasificación jurídica debe preceder al diseño de distribución y a la comercialización del proyecto.
Cómo afecta la prohibición a promoción y servicios auxiliares
La infracción del artículo 22 puede dar lugar a las sanciones penales previstas por la ley; el RBF las recuerda expresamente en su comunicación. El riesgo no se limita a ejecutar una compraventa: también deben analizarse captación, publicidad, integraciones de pagos y servicios auxiliares. Disponer de políticas AML no subsana una actividad legalmente prohibida.
La reforma de control de cambios de 2026 incorpora potestades sancionadoras frente a intermediarios autorizados que incumplen sus obligaciones o actúan fuera de facultades delegadas. Esa regulación no proporciona una alternativa para eludir el régimen VASP. El canal bancario o de cambio y la legalidad del servicio son cuestiones que deben cumplirse conjuntamente.
Qué comprobar antes de desarrollar un proyecto para Fiyi
Documente qué recibirá el usuario, quién prestará cada servicio y si se dirige a residentes de Fiyi. Incluya publicidad, pagos y asistencia técnica, además del intercambio o custodia. Esta descripción permite valorar el artículo 22 antes de firmar contratos de distribución o integrar una plataforma extranjera.
Si el proyecto se basa en un valor u otro instrumento excluido, aporte los documentos que justifican esa clasificación y el régimen financiero aplicable. La denominación del token no acredita la exclusión. Deben resolverse las formalidades del derecho, la intermediación y las restricciones de clientes antes de probar con fondos reales; las fuentes consultadas no acreditan una excepción general para proyectos de tokenización.
Para analizar cómo se aplica este marco a tu proyecto, consulta tu caso con nuestro equipo.
Puntos clave
- La Ley 19 de 2025 prohíbe servicios VASP definidos; no es una simple advertencia.
- El domicilio extranjero no excluye actividades dirigidas al mercado local.
- La exclusión legal de ciertos instrumentos financieros no autoriza toda tokenización.
- La reforma del banco central de 2026 no modifica la prohibición del artículo 22.
Hitos regulatorios
Sanción de la Ley 19 de 2025
Se reforman las definiciones y la prohibición del artículo 22.
Aplicación de la prohibición VASP
Entra en vigor la reforma legal.
Comunicación del RBF
La autoridad explica actividades, alcance y consecuencias.
Preguntas frecuentes
El artículo 22 establece una prohibición para el negocio VASP definido, no un procedimiento de licencia condicionado a capital o controles AML. Los instrumentos legalmente excluidos requieren un análisis separado.
Sí, la norma incluye personas dentro o fuera de Fiyi y determinadas actividades relacionadas dirigidas a residentes, incluida promoción y asistencia técnica. El alcance debe comprobarse sobre la actividad concreta.
El comunicado del RBF recoge expresamente publicidad, promoción y aparentar desarrollar el negocio VASP. Por tanto, el análisis no comienza únicamente cuando se realiza una compraventa. Debe revisarse qué se anuncia, a quién se dirige y cómo se relaciona con el servicio prohibido.
La Ley 19 de 2025 excluye determinadas representaciones de valores y activos financieros comprendidos en la legislación indicada. El respaldo inmobiliario no demuestra esa clasificación. Es necesario identificar el derecho, el emisor y el régimen aplicable; el token puede representar una pretensión contractual sin transmitir propiedad directa.
La prohibición comunicada por el RBF no se configura como una licencia condicionada a controles. Identificar clientes o mantener políticas de prevención no habilita el negocio VASP comprendido. Primero debe resolverse si la actividad está prohibida o si existe una exclusión legal aplicable al instrumento concreto.
