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HawaiiHawái dejó de exigir licencia monetaria para las actividades de moneda digital descritas por la DFI al concluir el DCIL en junio de 2024. Los servicios en dólares y las ofertas de valores conservan un análisis separado. Desde octubre de 2026 se prohíbe una modalidad concreta de compra mediante cajeros cripto. La exclusión de licencia monetaria no supone supervisión prudencial de la custodia, aprobación del producto ni excepción del marco federal.
En Hawái, una empresa que diseña una wallet o una plataforma de activos digitales debe distinguir el servicio cripto de los pagos en dólares que lo acompañan. La salida del antiguo programa de pruebas cambió el perímetro de la licencia monetaria estatal, pero no eliminó las normas federales ni el análisis de valores.
El canal también importa: un servicio por internet y un cajero que recibe dólares para entregar activos digitales no tienen el mismo tratamiento. Esta guía ayuda a separar esas funciones antes de definir la custodia, los clientes y el lanzamiento.
Qué cambia según el flujo y el canal en Hawái
La Division of Financial Institutions, DFI, concluyó que las actividades de moneda digital estudiadas no encajaban en la transmisión monetaria del capítulo 489D. El Digital Currency Innovation Lab, DCIL, terminó el 30 de junio de 2024. Desde su cierre, las empresas pueden continuar las actividades comprendidas sin licencia monetaria estatal. La conclusión procede del criterio publicado por el supervisor; no acredita una nueva autorización prudencial de activos digitales.
Las respuestas oficiales a consumidores aclaran que el cierre del piloto no exigía cerrar cuentas ni liquidar operaciones. Por tanto, la antigua exigencia de reservas vinculada a la licencia monetaria no debe presentarse como requisito universal vigente de custodia cripto. Tampoco corresponde anunciar una licencia provisional de continuación del DCIL como vía general de acceso actual.
La Act 224 de 2026 introduce una limitación distinta, aplicable desde el 1 de octubre: prohíbe poseer, operar o gestionar en Hawái un cajero de activos digitales comprendido en la norma que reciba dólares del cliente a cambio de dichos activos. El texto final de HB1642 CD1 permite distinguir esa modalidad de otras operaciones. El cambio no convierte toda actividad cripto del estado en ilegal.
Qué autoridad supervisa cada actividad
La DFI pertenece al Department of Commerce and Consumer Affairs, DCCA, y publica el criterio sobre transmisión monetaria. Las ramas de valores del DCCA dependen de la Business Registration Division y del Commissioner of Securities. Securities Compliance registra ofertas, intermediarios y asesores según corresponda; Securities Enforcement investiga y persigue infracciones. Inscribir una sociedad y registrar una oferta cumplen funciones diferentes.
El comunicado oficial de 2024 conserva expresamente los requisitos federales aplicables. Una empresa debe analizar su actividad ante FinCEN, SEC y, cuando corresponda, FINRA; no todas las entidades necesitan todos esos registros. La ficha de Estados Unidos desarrolla ese marco común. La ubicación del cliente y los territorios atendidos siguen siendo relevantes aunque la empresa tenga domicilio en Hawái.
Qué habilitación necesita el modelo de negocio
La guía DFI para empresas incluye negociación de activos digitales, wallets alojadas, custodia, transferencias, pagos y emisión o reembolso de tokens entre las actividades sin licencia monetaria estatal. Señala que préstamos o staking pueden quedar sujetos a otros registros. Es una delimitación de un régimen concreto, no aprobación del modelo ni dispensa de las normas de valores o de stablecoins federales posteriores.
La misma guía diferencia los saldos en dólares utilizados exclusivamente para comprar o vender criptoactivos, con entrada y devolución a la cuenta bancaria externa del cliente, de los saldos que permiten pagar a otros usuarios o terceros. Estos últimos pueden requerir licencia monetaria. En actividades mixtas, los requisitos de inversiones admisibles se vinculan a las obligaciones cubiertas en moneda fiduciaria; la solvencia de la empresa se analiza globalmente.
El diseño del producto debe separar esos flujos y la función de cada entidad. Por ejemplo, incorporar una cuenta de pagos en dólares a una wallet cripto puede cambiar el análisis aunque ambas aparezcan en la misma aplicación. La exclusión estatal tampoco habilita servicios en otros estados. Antes de contratar con residentes deben comprobarse el perímetro del proveedor y las obligaciones federales pertinentes.
Cómo se documentan los derechos del titular
El §485A-301 permite una oferta de valores cuando está registrada, corresponde a un valor cubierto federalmente o concurre una excepción aplicable. La representación mediante tokens no altera por sí sola esas alternativas. Deben documentarse emisor, derechos económicos, restricciones de transmisión y destinatarios; mencionar una excepción federal no demuestra que se cumplan sus condiciones ni los trámites estatales que procedan.
El §490:12-104, incorporado mediante la reforma mercantil de 2023, distingue derechos sobre registros electrónicos controlables y derechos sobre los bienes o prestaciones representados. El adquirente cualificado obtiene ciertas protecciones respecto del registro, sujetas al régimen legal. Eso no transmite automáticamente un inmueble ni elimina reclamaciones sobre cualquier activo subyacente. El contrato y las formalidades aplicables deben sostener el derecho que el token pretende representar.
Qué obligaciones continúan durante la actividad
La exclusión monetaria no permite anunciar que la DFI garantiza una plataforma o sus saldos. La información oficial para consumidores advierte sobre pérdidas, acceso a cuentas e insolvencia de proveedores. Como preparación del proyecto, conviene documentar separación de activos, facultades sobre claves, conciliación de saldos y tratamiento contractual de insolvencia, distinguiendo compromisos del proveedor de protecciones impuestas por la ley aplicable.
En los cajeros regulados por Act 224, la prohibición afecta a recibir dólares para entregar un activo digital. El texto excluye de esa prohibición aceptar un activo digital a cambio de otro o de dólares; ello no elimina otros requisitos. Cada operación prohibida constituye una infracción separada. La definición legal también exceptúa determinados programas de fidelización, activos de videojuegos y valores registrados o exentos; no todo terminal o token queda comprendido automáticamente.
La valoración local neutral refleja un acceso digital más abierto desde 2024, ausencia de supervisión prudencial general derivada de esa exclusión y una prohibición sectorial concreta desde octubre de 2026. Un proyecto centrado en la compra prohibida mediante cajeros no puede utilizar esa categoría general como autorización. La conclusión exige identificar servicio y canal de distribución, sin mantener barreras históricas como si siguieran vigentes.
Qué preparar antes de poner en marcha el proyecto
Conviene dibujar por separado las entradas y salidas de dólares, las transferencias de activos digitales y las facultades del custodio. Debe precisarse si los saldos en moneda fiduciaria solo sirven para comprar y vender o permiten pagar a terceros. Para terminales físicos, hay que identificar exactamente qué recibe y entrega cada operación.
Con ese mapa pueden contrastarse las FAQ de DFI, los requisitos federales y el régimen de valores del producto. Si se utiliza documentación del DCIL, debe actualizarse para explicar qué obligaciones siguen y cuáles dependían del programa ya terminado.
El proyecto de charters de activos digitales SB2757 no se utiliza como permiso vigente: el seguimiento de LegiScan recoge su aplazamiento en comisión en marzo de 2026. La consulta de algunas rutas legislativas primarias resultó intermitente; no se atribuye una lectura completa de su expediente oficial. Antes de lanzar, deben confirmarse cambios posteriores en la DFI, licencias de los servicios en moneda fiduciaria, registros de valores y restricciones específicas del canal.
Para analizar cómo se aplica este marco a tu proyecto, consulta tu caso con nuestro equipo.
Puntos clave
- El cierre del DCIL en 2024 no obligó a cesar toda actividad cripto ni creó una licencia provisional permanente.
- Los saldos en dólares utilizados para pagos entre usuarios pueden requerir licencia aunque la actividad cripto quede fuera.
- La Act 224 prohíbe una función concreta de los cajeros; no prohíbe todos los intercambios digitales ni toda venta de criptoactivos.
- La exclusión monetaria no valida una oferta de valores ni garantiza protección del activo custodiado en una insolvencia.
Hitos regulatorios
Finaliza el DCIL
El cierre del programa deja las actividades digitales delimitadas fuera de la licencia monetaria estatal, sin suprimir otras normas.
Restricción de compra mediante cajeros
Se prohíbe recibir dólares del cliente a cambio de activos digitales mediante los cajeros comprendidos en Act 224.
Preguntas frecuentes
El programa terminó; su participación histórica no acredita una licencia prudencial actual ni una garantía de saldos. Conviene comprobar la base jurídica vigente de cada servicio contratado.
Las FAQ de DFI distinguen el saldo para comprar o vender cripto del que permite pagar a terceros. Añadir esta segunda función puede cambiar la necesidad de licencia monetaria.
HB1642 CD1 excluye de esa prohibición la recepción de activos digitales a cambio de dólares u otros activos digitales. Eso no resuelve los restantes requisitos aplicables al operador.
DFI advierte que las actividades de inversión pueden requerir otros registros. Deben analizarse los derechos del cliente y las funciones del operador antes de ofrecerlas.
Quién controla las claves, cómo se identifican los activos del cliente, cómo se devolverán y qué derechos existirán ante incumplimiento. La ausencia de licencia monetaria no responde esas preguntas contractuales.
