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BermudasBermudas dispone de licencias de activos digitales bajo DABA y de un régimen de emisión separado, DAIA, supervisados por la BMA. Las clases F, M y T determinan modalidades de autorización, con actividades y condiciones individuales. La custodia tiene reglas específicas de segregación e insolvencia. La consulta de tokenización de 2026 propone coordinar los regímenes de inversión y activos digitales, sin acreditar todavía las exenciones que plantea.
Una empresa que quiere emitir una inversión tokenizada desde Bermudas debe separar la emisión de los servicios que la acompañan. DABA regula negocios de activos digitales y DAIA determinadas emisiones; una estructura también puede involucrar normas de inversión o fondos según los derechos que ofrezca.
La clase de licencia y la tokenización no resuelven por sí solas esa combinación. La consulta BMA de abril de 2026 propone coordinar regímenes, pero el proyecto debe trabajar con permisos y condiciones vigentes mientras comprueba cualquier reforma definitiva. La elección de emisor, plataforma y custodio depende de ese mapa.
Cómo se reparten DABA, DAIA y las normas de inversión
La Digital Asset Business Act 2018, DABA, regula la prestación empresarial de servicios de activos digitales en o desde Bermudas. Su definición incluye representación de deuda, participaciones, otros activos y derechos. El perímetro comprende emisión empresarial, pagos, negociación, custodia y otras funciones expresamente previstas; la reforma de 2023 incorporó, entre otras materias, préstamos y operaciones de recompra de activos digitales.
La BMA distingue las emisiones bajo DAIA de las realizadas como negocio. La Digital Asset Issuance Act 2020 atiende las ofertas comprendidas en ese régimen, con requisitos y excepciones propios. Constituir una sociedad, aprobar un whitepaper internamente o disponer de otra licencia financiera no resuelve por sí solo la clasificación de la emisión y los servicios asociados.
Qué autoriza y supervisa la BMA
La Bermuda Monetary Authority, BMA, autoriza y supervisa negocios e iniciativas de emisión comprendidos. El registro de entidades reguladas permite comprobar la persona jurídica, clase y actividades autorizadas. La marca comercial no sustituye esa comprobación, especialmente si el grupo utiliza entidades diferentes para emisión, plataforma y custodia. La autorización debe corresponder al servicio que realmente contrata el cliente.
La BMA publica leyes, códigos y orientaciones específicos para activos digitales. Su función supervisora se combina con las obligaciones de prevención del blanqueo y financiación del terrorismo. Una licencia de Bermudas tampoco constituye pasaporte para captar clientes en otros mercados: distribución, publicidad y prestación transfronteriza requieren verificar las restricciones y autorizaciones de destino.
Qué significa cada clase de licencia para el proyecto
El artículo 12 de DABA distingue clase F, clase M por un periodo determinado y clase T para pruebas piloto o beta durante el plazo autorizado. Las actividades y condiciones se fijan individualmente. Una clase F no concede automáticamente toda función posible, ni existe conversión automática desde T o M. La autoridad puede determinar una clase distinta de la solicitada.
El aviso BMA de 8 de septiembre de 2025 presenta la guía para solicitantes como orientación no exhaustiva, no como nueva legislación. La documentación se ajusta a clase, naturaleza, escala, complejidad y riesgo. El expediente debe demostrar capacidad de gobierno, recursos y controles acordes con la actividad; una descripción comercial de la tecnología no sustituye la evidencia de funcionamiento y responsabilidades.
Cómo relacionar el token con el activo y sus derechos
La consulta de 9 de abril de 2026 reconoce que la tokenización puede afectar simultáneamente a DABA, DAIA y los regímenes de inversión, fondos y administración de fondos. Propone una definición coordinada de inversión tokenizada y exenciones para evitar duplicidades. El análisis de Harneys de junio coincide en que se trata de ajustes propuestos dentro de marcos existentes, no de un régimen nuevo ya operativo.
El borrador distingue tokens vinculados a activos externos y emisiones nativas en registros distribuidos. En los primeros, titularidad, verificación del subyacente y conciliación resultan esenciales. En todos los casos debe determinarse qué derecho transmite el token y cómo se hace valer. Fraccionar una inversión no elimina las restricciones de acceso del inversor ni acredita transmisión automática de propiedad inmobiliaria.
Qué exige la custodia y qué límites tienen sus protecciones
Las reglas de custodia de 2025 se aplican a los activos de clientes mantenidos por proveedores autorizados de wallets custodiales. Exigen separación de activos propios, identificación de posiciones, conciliación y revisión anual de controles. Permiten agrupaciones de activos idénticos con consentimiento escrito y condiciones. Por ello, segregación jurídica no significa necesariamente una wallet individual para cada cliente.
Las reglas también regulan derechos económicos del cliente, intermediarios y distribución ante determinados eventos de insolvencia o intervención. Delegar la custodia no libera al proveedor de cumplimiento. Estos mecanismos no garantizan recuperación íntegra en cualquier supuesto: deben revisarse contratos, registros, faltantes y activos mantenidos por terceros, además de la capacidad técnica para reconstruir posiciones y ejecutar restituciones.
La BMA confirma la publicación de orientación SCPS a finales de 2024, para stablecoins vinculadas a una moneda: gobierno, riesgo, activos de respaldo, atestaciones e información. Su existencia se distingue de la consulta inicial. Las obligaciones concretas dependen del emisor y del permiso; reservas, custodia y capacidad de reembolso no deben resumirse como una garantía pública sobre el token.
Qué preparar antes de emitir y contratar la infraestructura
Documenta qué recibe el inversor, quién emite y qué entidades negociarán o custodiarán el token. Comprueba el permiso individual y la aplicación conjunta de DABA, DAIA y las normas de fondos o inversión; una propuesta para reducir duplicidades no permite omitir una autorización vigente.
Para activos externos, prepara evidencia del subyacente y conciliaciones con el registro digital. En custodia, define consentimiento, posiciones de clientes, terceros y procedimientos ante faltantes o insolvencia. La solución técnica debe permitir reconstruir y devolver posiciones conforme a los contratos y reglas, sin convertir la segregación en una promesa de recuperación total.
Para analizar cómo se aplica este marco a tu proyecto, consulta tu caso con nuestro equipo.
Puntos clave
- La clase F tampoco autoriza actividades ajenas al permiso individual.
- DABA regula el negocio; DAIA exige analizar separadamente la emisión.
- La custodia combina segregación, registros y reglas de distribución en insolvencia.
- Las exenciones de tokenización consultadas en 2026 no se presentan como vigentes.
Hitos regulatorios
Régimen DABA
Se establece el régimen de licencias de negocios de activos digitales.
Régimen de emisión DAIA
Las emisiones comprendidas pasan a un régimen específico supervisado por la BMA.
Reglas de custodia de clientes
La BMA publica reglas sobre segregación, controles y eventos de insolvencia.
Consulta sobre tokenización
Se proponen coordinación y exenciones entre regímenes; no se acredita su vigencia definitiva.
Preguntas frecuentes
No. La clase distingue la modalidad de autorización, pero las actividades y condiciones dependen del permiso individual concedido por la BMA. Deben comprobarse entidad jurídica y alcance, incluyendo custodia, derivados o préstamos cuando corresponda.
La consulta de abril propone coordinación y exenciones entre regímenes, pero esta revisión no ha confirmado su adopción definitiva. Deben analizarse las autorizaciones vigentes sin deducir una exención del documento de consulta.
Las reglas de custodia permiten agrupar activos idénticos con consentimiento escrito y las condiciones previstas. Deben mantenerse identificación de posiciones y separación respecto del patrimonio del proveedor.
No. La regla 10 mantiene la obligación de cumplir aunque se entreguen activos a un intermediario. Contratos y controles deben cubrir esa cadena de custodia.
La regla 3 exige una revisión anual por una persona cualificada y un informe sobre controles, registros y responsabilidades. El expediente inicial no sustituye ese seguimiento.
