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BahamasBahamas regula los negocios de activos digitales mediante DARE 2024, con registro ante la SCB y obligaciones específicas para custodia, staking y stablecoins. Las emisiones tienen un procedimiento separado y los tokens considerados valores requieren analizar la legislación de valores. La ley de DAO de marzo de 2026 permite registrar determinadas estructuras descentralizadas, pero no sustituye los permisos de actividad ni convierte cualquier token de gobierno en participación económica.
Una empresa que quiere emitir un activo digital desde Bahamas debe decidir si el token queda bajo DARE o representa un valor sujeto a otro régimen. Esa decisión determina la documentación de la oferta y los permisos de quienes distribuyen, negocian o custodian el activo.
Bahamas también regula estructuras DAO, pero registrar una organización no autoriza automáticamente todos sus servicios. Para un proyecto empresarial, la cuestión práctica es conectar gobierno, derechos del token y actividades de cada participante, manteniendo separadas la estructura jurídica y las autorizaciones operativas.
Cómo clasificar el token bajo DARE o la normativa de valores
La Digital Assets and Registered Exchanges Act 2024, DARE, sustituyó el régimen de 2020 y entró en vigor el 29 de julio de 2024. Su artículo 6 comprende intercambio, ejecución y transmisión de órdenes, custodia, asesoramiento, gestión, staking y otras actividades definidas. Desarrollar y distribuir software no constituye por sí solo una actividad de activos digitales; deben analizarse las funciones efectivamente asumidas.
El artículo 3 excluye, entre otros supuestos, tokens con características de valores sujetos a la Securities Industry Act y determinados NFT cuya función no sea de pago, inversión o representación de otro activo financiero. La denominación comercial no decide la clasificación. Los servicios dirigidos desde el extranjero también requieren analizar el vínculo territorial y las condiciones del destinatario previstas en la ley.
Qué registra y supervisa la Securities Commission
La Securities Commission of The Bahamas, SCB, registra y supervisa proveedores y ofertas comprendidos en DARE. Su portal de trámites distingue solicitudes y requisitos por actividad. La autoridad puede investigar recursos, experiencia, conducta y controles del solicitante; registrar una entidad no equivale a avalar la rentabilidad de sus productos ni a autorizar cualquier servicio futuro.
La consulta de registrados debe hacerse por persona jurídica y régimen. DARE también exige responsables de cumplimiento y comunicaciones de operaciones sospechosas a la Financial Intelligence Unit, FIU. La misma marca puede utilizar entidades con permisos diferentes; por ello, contratos, funciones, custodia y alcance territorial deben corresponder a la entidad que figura en la autorización pertinente.
Qué permisos necesita el negocio y qué exige la oferta
Los artículos 7 a 12 de DARE exigen registro para prestar actividades comprendidas en o desde Bahamas. La solicitud incorpora información de propietarios, directivos y responsables, además de medios y controles. Quien ya opere bajo otro régimen financiero debe comprobar el procedimiento para añadir la actividad; no obtiene cobertura DARE automáticamente por su licencia anterior.
Las ofertas en o desde Bahamas se rigen por los artículos 36 a 48. Existen excepciones al documento de oferta, con obligaciones de información; no son una dispensa general de registro. El artículo 41 exige opinión jurídica sobre clasificación. La inscripción voluntaria del artículo 43 corresponde a emisiones que no se realizan en ni desde Bahamas, sujetas a los requisitos de admisión establecidos.
Cómo se articulan los derechos del token y una estructura DAO
Si la SCB considera que el activo es un valor, el artículo 42.4 dispone retirar la solicitud de emisión DARE y permite tramitarla bajo la legislación de valores. La opinión jurídica, el documento de oferta y el contrato deben identificar emisor, derechos, transmisión y ejecución. Un token asociado a un inmueble o cartera no prueba por sí solo propiedad directa sobre esos activos.
La Decentralised Autonomous Organisations Act 2026, publicada el 25 de marzo, exige partir de una estructura admitida: partnership exenta, trust de propósito o fondo SMART autorizado. La SCB decide el registro atendiendo a código abierto, red sin permisos, seguridad y descentralización suficiente. La personalidad separada de los titulares procede del régimen legal, no del mero despliegue de smart contracts.
El documento constitutivo debe regular responsables, gobernanza, tesorería y derechos de los tokens. La ley prohíbe distribuir dividendos a titulares de tokens de gobierno y somete estos activos a DARE; emitir otros tokens exige análisis adicional y comunicación. El artículo 8 requiere acreditar anualmente auditoría de smart contracts, salvo exención de la SCB. Estas condiciones impiden equiparar cualquier DAO informal a una estructura registrada.
Qué límites afectan a custodia, staking y stablecoins
El artículo 18 de DARE exige separar activos propios y de clientes, mantener registros de posiciones y proteger los activos custodiados frente a acreedores del proveedor. Las cuentas agrupadas requieren consentimiento expreso y trazabilidad individual. El préstamo o reutilización exige consentimiento previo, información de riesgos y cumplimiento de las demás condiciones; disponer técnicamente de las claves no concede libertad para usar los fondos.
El staking tiene requisitos propios y acumula los de custodia cuando controla activos de terceros. Los artículos 49 a 53 regulan respaldo, separación de reservas, información y reembolso de stablecoins. Se prohíbe emitir las que estabilizan valor mediante ajustes algorítmicos de oferta descritos en el artículo 49. La emisión de privacy tokens y la minería empresarial también tienen restricciones específicas, sin convertirlas en una prohibición general de desarrollar software.
Qué preparar antes de registrar el proyecto o captar inversión
Prepara una clasificación jurídica del activo y un mapa de emisor, plataforma y custodio. La documentación debe precisar el derecho del comprador, las condiciones de transmisión y el tratamiento del subyacente; comprueba que cada proveedor tiene permiso para la función que realmente realiza.
Si la estructura es una DAO, añade gobierno, responsables, tesorería y auditoría del código al expediente. No diseñes los incentivos como si un token de gobierno pudiera pagar cualquier dividendo. Para custodia o staking, conecta el consentimiento del cliente con registros, conciliación y límites de uso de activos antes de implementar la operación.
Para analizar cómo se aplica este marco a tu proyecto, consulta tu caso con nuestro equipo.
Puntos clave
- Desarrollar y distribuir software no constituye por sí solo una actividad DARE.
- La autorización del proveedor y el régimen de emisión se comprueban separadamente.
- Una exención de folleto no elimina automáticamente las obligaciones de registro.
- Las DAO registradas tienen requisitos de gobierno, responsables y auditoría; no son entidades sin supervisión.
Hitos regulatorios
DARE 2024 entra en vigor
El régimen sustituye la ley de 2020 desde el 29 de julio e incorpora obligaciones ampliadas.
Ley de organizaciones autónomas descentralizadas
Sancionada el 23 y publicada el 25 de marzo, establece registro, gobierno y responsables.
Consultas de desarrollo DARE
La SCB consulta reglas de wallets, cumplimiento y tasas; no se presentan como instrumentos definitivos.
Preguntas frecuentes
No. La ley de DAO regula la estructura y su gobierno. Las actividades y emisiones comprendidas en DARE o en la legislación de valores requieren cumplir sus propios requisitos.
No necesariamente. El artículo 36 permite excepciones al offering memorandum, pero mantiene obligaciones de información y debe comprobarse el procedimiento de registro. La inscripción voluntaria del artículo 43 se refiere a ofertas fuera de Bahamas.
La Ley DAO exige que el documento constitutivo prohíba esa distribución. Debe distinguirse el voto del titular de cualquier otra estructura de derechos económicos.
No. La Ley DAO exige una estructura jurídica admitida, documentación y evaluación por la SCB, incluida descentralización y seguridad. El código no sustituye el registro.
El artículo 8 exige presentar evidencia anual de auditoría de smart contracts, salvo exención de la SCB. La preparación debe prever ese control recurrente.
