Guía sobre los créditos de carbono tokenizados en 2026

Entre el proyecto forestal o la planta de biochar que genera un crédito de carbono y la empresa que lo retira para respaldar una declaración climática suele haber un registro, uno o varios intermediarios y contratos de compraventa bilaterales. El registro del programa de certificación es la pieza que da sentido al resto: en él consta cada unidad con su número de serie, su proyecto, su metodología y su año de generación, y en él se anota el retiro, el momento en que la unidad deja de poder venderse porque alguien ha usado ya su beneficio ambiental. La tokenización propone representar esas unidades con tokens que circulan en una red, de modo que transferirlas, fraccionarlas o demostrar su retiro no dependa de correos, hojas de cálculo y certificados en PDF.

Para un desarrollador de proyectos que quiere vender así sus créditos, o para una empresa que valora comprarlos ya tokenizados, la cuestión decisiva en 2026 no es técnica. Verra y Gold Standard prohíben en sus condiciones de uso vigentes crear tokens sobre sus unidades sin su consentimiento expreso por escrito, de modo que un crédito tokenizado solo es fiable si quien lo emite tiene esa autorización y mantiene cada token conciliado con una unidad bloqueada en el registro hasta su retiro. Esa conexión permite comprobar que el token corresponde a un crédito real y no utilizado; la calidad ambiental del crédito sigue dependiendo del proyecto, de su metodología y de su verificación, y ninguna red la modifica.

Qué representa un crédito y qué puede representar un token

En el Verified Carbon Standard de Verra, cada unidad, llamada VCU, representa una tonelada de CO₂ equivalente reducida o eliminada y verificada según una metodología aprobada. La cifra solo se entiende con su contexto: si el proyecto reduce emisiones que se habrían producido, como una planta que capta el metano de un vertedero, o elimina CO₂ de la atmósfera, como una reforestación; si el resultado es adicional, es decir, si no habría ocurrido sin los ingresos del crédito; y cuál es su riesgo de reversión, la posibilidad de que el carbono almacenado vuelva a la atmósfera, por ejemplo en un incendio. Son cuestiones de metodología y de verificación, y anotar la unidad on-chain no responde a ninguna de ellas.

El token, por su parte, puede representar tres cosas distintas, y el comprador necesita saber cuál tiene. Puede corresponder a una unidad identificada por su número de serie, bloqueada en una cuenta del registro mientras el token circula. Puede ser una participación en un conjunto de unidades de proyectos distintos, en el que el titular no elige qué crédito concreto respalda su posición, como ocurría con el token BCT del que se habla en la sección siguiente. O puede ser un derecho contractual frente a un intermediario que se compromete a entregar o retirar créditos, y entonces el respaldo depende de su solvencia y de su contabilidad. Las tres estructuras se venden con el mismo nombre de «token de carbono» y no dan al titular los mismos derechos.

Por qué Verra prohibió los primeros puentes

En 2021, el protocolo Toucan abrió un puente entre el registro de Verra y la red Polygon. El titular retiraba VCU en el registro indicando en los datos del retiro un identificador de lote de Toucan, el protocolo comprobaba el número de serie y acuñaba a cambio tokens TCO2, uno por tonelada, que podían depositarse en un conjunto común y canjearse por el token BCT (Base Carbon Tonne). El crédito figuraba en el registro como retirado, es decir, consumido, mientras su representación seguía circulando y cambiando de manos on-chain.

Verra advirtió el 25 de noviembre de 2021 que esos tokens no eran VCU ni llevaban su beneficio ambiental, y el 25 de mayo de 2022 prohibió con efecto inmediato crear instrumentos o tokens basados en créditos retirados, porque el retiro se entiende como el consumo de ese beneficio. En el mismo comunicado propuso estudiar la alternativa: inmovilizar créditos vivos en cuentas del registro mientras existiera el token. La sometió a consulta pública entre el 3 de agosto y el 1 de noviembre de 2022 y recibió aportaciones de 71 participantes. Desde entonces, según la documentación de Toucan, los VCU que no se habían tokenizado ya no pueden pasar por su puente.

Lo que exigen hoy los registros

Verra no ha publicado tras aquella consulta un marco general de tokenización, y lo que rige hoy son las condiciones de uso de su registro, en la versión de julio de 2026. Su cláusula 1.9 impide al titular de una cuenta crear, comercializar o negociar «instrumentos relacionados», o facilitar que otros lo hagan, sin el consentimiento expreso por escrito de Verra, que esta concede a su entera discreción. El documento define el instrumento relacionado como un producto jurídicamente distinto de la unidad que la tiene como subyacente, una descripción en la que encaja cualquier token respaldado por VCU. Quien obtiene el consentimiento debe acreditar además ante Verra su capacidad técnica y financiera y sus autorizaciones regulatorias.

Gold Standard llega al mismo punto con un texto más explícito. Las condiciones de su registro, en la versión 2.0 de diciembre de 2024, prohíben en la cláusula 13.1 crear, directamente o consintiendo que otro lo haga, utility tokens, NFT, criptomonedas o activos digitales similares que tengan sus unidades como subyacente sin su consentimiento expreso por escrito, también discrecional. La cláusula 13.4 le permite suspender la cuenta o exigir la cancelación de las unidades si descubre un token creado sin ese consentimiento. Su propia consulta de 2022 recibió aportaciones de más de 35 organizaciones, y en su última actualización publicada, de junio de 2024, Gold Standard seguía sin decidir si publicará directrices para activos digitales.

El modelo que funciona hoy es el que Verra planteó en 2022: la unidad queda inmovilizada en el registro mientras existe el token. Es el diseño del puente de Toucan con Puro.earth, un registro de certificados de eliminación de CO₂ llamados CORC. Los certificados tokenizados quedan bloqueados en una cuenta ómnibus del registro de Puro mientras exista su versión on-chain, y el puente permite tokenizarlos, devolverlos al registro y retirarlos. Para quien construye una plataforma, la consecuencia práctica es que la primera conversación de un proyecto de tokenización de carbono es con el registro, no con el equipo de desarrollo: sin su consentimiento escrito para la estructura concreta, el token no tiene un respaldo reconocido, y ni el símbolo del token ni una mención comercial del estándar lo suplen.

Emisión, circulación y retiro son operaciones distintas

Una vez autorizado el esquema, la plataforma tiene que gobernar tres momentos con responsables distintos. La emisión de la unidad corresponde al programa, tras validar el proyecto y verificar sus resultados. La acuñación del token corresponde a la plataforma, y solo debería producirse cuando el registro confirma que la unidad identificada está bloqueada en la cuenta prevista: acuñar sin esa confirmación crea un token sin un derecho detrás.

Mientras el token circula, la plataforma tiene que poder demostrar en cualquier momento qué unidades lo respaldan y evitar que una misma unidad se use por dos vías, por ejemplo vendida a la vez en el registro y en la red. Eso exige conciliar con regularidad los números de serie bloqueados con el saldo emitido y prever qué ocurre con las unidades si la plataforma deja de operar: quién controla la cuenta del registro y cómo se devuelven a los titulares de los tokens.

El retiro es la operación que más se confunde. Retirar es un estado del registro, que consta a nombre de un beneficiario y para un uso declarado; quemar un token es una operación del contrato. Para afirmar que lo segundo ha producido lo primero hacen falta la solicitud al registro, su confirmación y la evidencia de que el número de serie retirado es el que respaldaba el token. Si una de esas piezas falta, la interfaz debe mostrar un retiro pendiente, no una compensación completada.

Un caso de ejemplo: una empresa que retira 10 toneladas

El caso es hipotético. Una plataforma tiene el consentimiento escrito de un programa para representar 100 unidades de un proyecto de reforestación, todas del mismo año de generación y bloqueadas en una cuenta del registro, y ha emitido 100 tokens, uno por unidad, con el número de serie de cada una asociado en el contrato. Una empresa de distribución compra 10 tokens para respaldar la compensación que declarará en su informe anual y pide retirarlos a su nombre.

La plataforma reserva los 10 tokens para que no puedan transferirse, identifica los números de serie que les corresponden y solicita al registro el retiro con la empresa como beneficiaria. Mientras el registro no lo confirma, el estado es pendiente y los tokens siguen reservados; si rechaza la solicitud, se liberan. Cuando llega la confirmación, la plataforma quema los 10 tokens, guarda la referencia del retiro y entrega a la empresa la prueba con los números de serie, el proyecto y la fecha. El orden exacto lo fijan las reglas del programa, pero dos condiciones no cambian: ningún token se quema sin un retiro confirmado y ningún crédito se retira dos veces.

Si la plataforma agrupara créditos de varios proyectos en un mismo token, tendría que añadir un paso: decidir y comunicar qué unidades retira para cada comprador. Una cifra de «10 toneladas compensadas» sin números de serie no permite a la empresa comprobar la procedencia de lo que ha comprado, ni a su auditor verificar la declaración.

Créditos voluntarios, EU ETS y clasificación del token

Un crédito del mercado voluntario no es un derecho de emisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (EU ETS) ni sirve para cumplir sus obligaciones. Otra cosa son los créditos internacionales del Protocolo de Kioto, como las reducciones certificadas de emisiones (CER) del mecanismo de desarrollo limpio, que el EU ETS admitió en sus fases 2 y 3: según la Comisión Europea, pudieron usarse hasta el 30 de abril de 2021, y la fase 4, iniciada ese año, ya no los admite. Tokenizar cualquiera de los dos no cambia esa situación.

La clasificación jurídica del token depende de los derechos que confiere y de las actividades que lo rodean. El Reglamento MiCA no se aplica de forma automática a cualquier «token de carbono»: su artículo 2.4 excluye los criptoactivos que son instrumentos financieros, que se analizan con la normativa de valores. MiFID II clasifica como instrumentos financieros los derechos de emisión del EU ETS (anexo I, sección C, punto 11), así que su representación en tokens queda fuera de MiCA. Un token sobre un crédito voluntario puede entrar en MiCA si se ofrece al público como criptoactivo, o en la normativa de valores si da derecho a ingresos futuros del proyecto. La calificación la hace el despacho de cada emisión, y el análisis sobre MiFID II y la tokenización explica ese marco.

Lo que la tokenización resuelve y lo que no

El valor de tokenizar créditos de carbono está sobre todo en la contabilidad, no en el mercado. Un registro compartido en el que cada token apunta a un número de serie bloqueado, y cada quema a un retiro confirmado, permite reconstruir el historial de cada tonelada, aplicar reglas de transferencia, como vender solo a compradores verificados, y dar al comprador una prueba de retiro que su auditor puede contrastar con el registro. Para un desarrollador que vende a compradores distintos en lotes pequeños, esa trazabilidad sustituye la conciliación manual de contratos, entregas y certificados.

Lo que no resuelve es igual de concreto. La transparencia de la red no detecta el doble cómputo que ocurre fuera de ella, como una misma reducción declarada por el país anfitrión y por la empresa compradora, que es un problema de coordinación entre registros y contratos. Tampoco filtra la calidad: en un conjunto que acepta créditos de proyectos distintos, quien deposita tiene incentivo para aportar los más baratos que admitan sus reglas, y la propia Toucan tuvo que bloquear los créditos de destrucción de HFC-23, cuyo soporte había retirado Verra, después de aprobar lotes por unas 600.000 toneladas. Y que el token pueda transferirse no crea compradores ni precio.

Antes de construir o de comprar, el expediente debería responder a cinco preguntas: qué programa y qué metodología respaldan las unidades, quién tiene el consentimiento escrito del registro y para qué estructura, qué derecho tiene exactamente el titular del token, cómo se concilia el saldo emitido con las unidades bloqueadas y qué ocurre con ellas si la plataforma desaparece. La plataforma de tokenización de créditos de carbono de Metlabs se diseña a partir de esas respuestas, y la guía de empresas de tokenización de carbono recoge qué registros, protocolos y mercados trabajan hoy con créditos tokenizados.