Regulación de activos digitales y tokenización en Rumanía

Una empresa que estudia operar con criptoactivos desde Rumanía debe resolver primero si dispone de una vía de autorización doméstica comprobada o utilizará una entidad habilitada para prestar servicios transfronterizos. MiCA se aplica directamente, pero esa aplicación no demuestra por sí sola que esté abierto un procedimiento nacional.

La revisión distingue por ello tres planos: el proyecto de implementación MiCA, las obligaciones nacionales ya publicadas sobre resiliencia y reporte, y la normativa de valores aplicable a instrumentos tokenizados. Una declaración fiscal o el uso de tecnología DLT no resuelve el permiso financiero que necesita la operación.

Qué permite afirmar el marco MiCA documentado

MiCA se aplica a los criptoactivos y servicios comprendidos en su ámbito. La necesidad de medidas nacionales sobre autoridades y sanciones no suspende el reglamento europeo. Para una empresa que evalúa establecerse en Rumanía, la cuestión decisiva es acreditar tanto el régimen material aplicable como la existencia de un procedimiento de autorización utilizable para su actividad concreta.

El comunicado del Gobierno de 2 de abril de 2026 recoge que el Gobierno analizó en primera lectura un proyecto de ordenanza de urgencia para aplicar MiCA. El proyecto designaría a ASF y BNR como autoridades competentes con funciones distintas, regularía la autorización de los proveedores y los cajeros de criptoactivos e incluiría disposiciones transitorias. No acredita su aprobación. A 16 de octubre de 2026 no consta publicada ninguna norma que designe la autoridad competente MiCA o regule el procedimiento nacional. La lista de autoridades de ESMA, actualizada el 17 de febrero de 2026, mantiene Rumanía sin autoridad designada ni punto de contacto único, y el registro provisional de ESMA no incluye ningún proveedor con Rumanía como Estado de origen. Por ahora no puede darse por disponible una vía doméstica de autorización CASP.

Por qué las competencias deben comprobarse por régimen

La competencia sobre mercados de valores y entidades financieras no debe confundirse con una designación MiCA comprobada. La Ordenanza de Urgencia 14/2026 sobre DORA distribuye funciones entre ASF y BNR y, para los proveedores de servicios de criptoactivos y los emisores de fichas referenciadas a activos, remite a la autoridad que designe la legislación nacional de aplicación de MiCA, salvo las entidades de crédito, de pago y de dinero electrónico, que supervisa BNR (artículo 5.1). Esa remisión no constituye por sí misma una autorización para tramitar cualquier solicitud CASP.

La Ley 129/2019 de prevención del blanqueo, modificada en 2025, incorpora definiciones y obligaciones relativas a proveedores de servicios de criptoactivos. Su cumplimiento es una capa independiente del acceso prudencial al mercado. Del mismo modo, una inscripción o declaración fiscal ante ANAF no demuestra que la entidad esté autorizada para custodiar, intercambiar o ejecutar órdenes sobre criptoactivos.

Qué acceso puede utilizar una entidad autorizada

Los artículos 59, 60 y 65 de MiCA distinguen autorización CASP, servicios de entidades financieras elegibles y prestación transfronteriza. Un proveedor habilitado en otro Estado miembro puede utilizar el mecanismo europeo cuando cumpla sus condiciones; en la versión del registro de ESMA de 7 de octubre de 2026, 174 entidades incluyen Rumanía entre los Estados en que prestan servicios. La posibilidad no se extiende automáticamente a una sociedad rumana vinculada al grupo ni a servicios excluidos del permiso de la entidad autorizada. Para una entidad financiera rumana, la notificación del artículo 60 se dirige a la autoridad competente de su Estado miembro de origen, que en Rumanía aún no ha sido designada a efectos de MiCA.

El periodo transitorio del artículo 143.3 de MiCA, que según la tabla de ESMA Rumanía no redujo, terminó el 1 de julio de 2026. La falta de una vía nacional no crea una prórroga, y ESMA ha pedido a los proveedores no autorizados que dejen de captar clientes y cierren de forma ordenada su actividad en la Unión. Antes de ofrecer servicios deben contrastarse el registro de ESMA, el supervisor de origen, las actividades autorizadas y las notificaciones pertinentes. El registro se actualiza periódicamente, por lo que conviene comprobar también retiradas y cambios directamente con la autoridad competente.

Cómo encajan los instrumentos financieros tokenizados

La Ley 126/2018 publicada por ASF incluye en su definición de instrumentos financieros los emitidos mediante tecnología de registros distribuidos. Esa inclusión impide deducir una exclusión del régimen de valores por utilizar tokens. Deben analizarse la emisión, intermediación, custodia y negociación según los derechos y funciones reales, además de las obligaciones de información o folleto que correspondan.

El piloto DLT europeo establece permisos y excepciones para infraestructuras elegibles. No reconoce automáticamente cualquier registro privado como título jurídico suficiente. En una estructura vinculada a un inmueble o sociedad debe precisarse si el titular recibe una participación, un crédito o una expectativa contractual, quién puede exigir su cumplimiento y qué formalidades de constitución y transmisión siguen siendo necesarias. Conviene seguir además la propuesta de la Comisión COM(2025) 943, de 4 de diciembre de 2025, que suprimiría el límite temporal de los permisos del régimen piloto, elevaría su límite de volumen y trasladaría a ESMA la autorización y supervisión de los proveedores de servicios de criptoactivos, salvo las entidades de crédito y las entidades financieras del artículo 60 de MiCA. Es una propuesta pendiente de tramitación, no derecho vigente.

Qué añaden DORA y el reporte fiscal rumano

La Ordenanza de Urgencia 14/2026, aprobada el 5 de marzo y publicada el 11 de marzo de 2026, desarrolla medidas nacionales de resiliencia digital. La aplicación europea de DORA comenzó antes, el 17 de enero de 2025. El diseño operativo debe atender a continuidad, incidentes y proveedores tecnológicos dentro del ámbito aplicable, sin confundir la fecha del complemento nacional con el inicio de las obligaciones europeas.

La Ordenanza de Urgencia 71/2025, en vigor desde el 10 de diciembre de 2025, transpone la directiva europea de cooperación administrativa aplicable a los criptoactivos (DAC8) mediante el artículo 291⁶ y el anexo 6 del Código de procedimiento fiscal. Los proveedores obligados deben aplicar la diligencia fiscal, conservar sus registros al menos cinco años y comunicar a ANAF, hasta el 15 de marzo, la información del año anterior; el primer periodo es 2026.

Si un cliente no aporta la información requerida tras dos recordatorios y transcurridos al menos 60 días, el proveedor no puede permitirle operaciones de intercambio. La Orden 750/2026 de ANAF, publicada el 6 de julio, aprueba el formulario F8000, que se presenta aunque no haya datos que comunicar. Estas obligaciones no equivalen a una licencia MiCA ni permiten deducir un tratamiento fiscal único para todos los tokens.

Qué confirmar antes de lanzar un proyecto en Rumanía

Antes de comprometer el lanzamiento de un proveedor rumano, debe confirmarse que se ha aprobado y publicado la norma que designa la autoridad competente y regula el procedimiento. A 16 de octubre de 2026 las fuentes verificadas describen un proyecto analizado en primera lectura, y el portal de autorizaciones de ASF no incluye una categoría para proveedores de servicios de criptoactivos.

Si el proyecto utiliza una entidad autorizada en otro Estado miembro, hay que comprobar su identidad, servicios y notificación. El expediente debe resolver además clasificación del token, documentación de los derechos, obligaciones DORA y reporte fiscal; ninguna de esas capas sustituye a las demás.

Para analizar cómo se aplica este marco a tu proyecto, consulta tu caso con nuestro equipo.