Regulación de activos digitales y tokenización en Islandia

En Islandia, el encaje de un proyecto de activos digitales exige comprobar cómo se incorporan las normas europeas al Espacio Económico Europeo y al derecho islandés. Las fechas nacionales de MiCA y de resiliencia digital no deben deducirse automáticamente del calendario de la Unión Europea.

El Banco Central de Islandia reúne funciones de supervisión financiera y orientación fintech. Esta guía distingue sus autorizaciones de la ayuda preparatoria, y conecta servicios de criptoactivos, valores tokenizados y procedimientos de cierre con los derechos del cliente.

Cómo se incorporan MiCA y las reglas del EEE

La Ley 101/2025 incorpora MiCA al derecho islandés desde el 1 de enero de 2026, con adaptaciones derivadas del Espacio Económico Europeo, EEE. La fecha de aplicación nacional es distinta de la europea. Los servicios sobre instrumentos financieros y depósitos permanecen fuera del ámbito de MiCA y deben examinarse bajo los regímenes que correspondan a su naturaleza.

El antiguo registro de proveedores sujetos a prevención del blanqueo ya no permite mantener la actividad ordinaria. La aclaración del Banco Central de 10 de julio de 2026 exige detener nuevas altas y comercialización cuando falta la habilitación. Precisa además que el cierre ordenado no imponía completar todas las entregas antes del 1 de julio ni ordenaba un mecanismo concreto de venta o conversión de los activos.

Qué supervisa el Banco Central de Islandia

El artículo 3 de la ley nacional designa al Banco Central de Islandia como autoridad competente, con funciones de su supervisión financiera y de la Autoridad de Vigilancia de la AELC en el marco EEE. La guía MiCA del banco diferencia emisores y proveedores. Los permisos de servicios CASP no sustituyen los requisitos propios de una ficha referenciada a activos, ART, o de dinero electrónico, EMT.

El banco mantiene un servicio de consultas fintech que permite describir la actividad mediante un cuestionario y recibir orientación sobre su posible sujeción. Es una herramienta para delimitar el expediente. La respuesta orientativa o una reunión no constituyen una licencia temporal ni eximen del cumplimiento de las condiciones aplicables al producto que se pretenda ofrecer.

Qué permiso necesita cada servicio

La solicitud CASP debe corresponder a los servicios realmente prestados y contener la información exigida por MiCA, incluida organización, controles y salvaguarda de activos. Determinadas entidades financieras pueden utilizar la notificación del artículo 60 para las actividades que permite su estatuto. No deben equipararse ambas vías ni extender una notificación a servicios que no le corresponden.

Para prestar servicios en otros Estados del EEE debe comprobarse la habilitación de origen y completar el procedimiento transfronterizo. La evaluación debe identificar qué entidad contrata con el cliente, dónde está establecida y qué funciones presta. Una autorización de otra empresa del grupo o una comunicación comercial que mencione MiCA no acreditan por sí solas la situación del proveedor concreto.

Qué permite el marco islandés de infraestructuras DLT

Islandia incorporó el régimen piloto europeo de infraestructuras DLT mediante la Ley 56/2024, vigente desde el 5 de julio de 2024. Su artículo 5 atribuye a la supervisión financiera la concesión y retirada de permisos y excepciones específicos. El régimen se dirige a infraestructuras de instrumentos financieros elegibles, no a cualquier negocio que utilice tokens.

La Ley 115/2021 de mercados de instrumentos financieros remite expresamente al marco DLT para instrumentos emitidos, registrados, transferidos y mantenidos mediante esa tecnología. El proyecto debe documentar el derecho del titular, la legitimación, las formalidades de transmisión y la relación con los registros aplicables. La habilitación de una infraestructura no demuestra por sí sola la propiedad de un inmueble o de otro activo referenciado.

Qué obligaciones tienen custodia y transferencias

DORA se incorporó mediante la Ley 78/2025, aplicable desde el 1 de enero de 2026. Comprende CASP autorizados y emisores ART, entre otras entidades, con obligaciones ajustadas al ámbito y proporcionalidad del régimen. La gestión de incidentes, las pruebas y el control de proveedores TIC deben integrarse en la operativa, incluyendo la recuperación de servicios y los acuerdos de externalización.

El Banco Central publica también criterios sobre TFR II e información que acompaña a transferencias. El diseño debe contemplar origen, destinatario, comprobación de datos y tratamiento de información incompleta. No equivale a imponer el mismo procedimiento a cualquier movimiento entre particulares: el ámbito depende de la intervención del proveedor y de las condiciones del reglamento incorporado.

Cómo preparar el encaje nacional del proyecto

Conviene preparar una descripción del activo, los servicios y las entidades participantes y contrastarla con las leyes islandesas de MiCA y mercados de instrumentos financieros. El cuestionario fintech puede ordenar dudas sobre sujeción, pero el expediente formal debe acreditar los requisitos y el permiso solicitado.

Si se contempla una infraestructura DLT, deben identificarse el tipo de sistema, los instrumentos elegibles y las excepciones necesarias. Para una actividad de custodia se añaden continuidad y restitución de activos. En procesos de cierre se siguen las aclaraciones del Banco Central sin deducir una obligación de venta o conversión que la comunicación no establece.

Para analizar cómo se aplica este marco a tu proyecto, consulta tu caso con nuestro equipo.