Regulación de criptoactivos y tokenización en Francia

En Francia, la regulación de los activos digitales combina el marco europeo de criptoactivos con las normas francesas sobre valores y servicios financieros. El Reglamento MiCA se aplica a determinadas emisiones y servicios; cuando un token tiene la consideración de instrumento financiero, el análisis pasa al régimen de valores. Por eso, una plataforma que intercambia criptoactivos y una empresa que emite acciones tokenizadas pueden necesitar estructuras jurídicas y autorizaciones diferentes, aunque ambas utilicen blockchain.

Francia cuenta además con reglas que reconocen determinadas inscripciones de valores en registros distribuidos. Esa posibilidad debe conectarse con el derecho del inversor, el sistema de registro y la actividad de cada participante. Esta guía explica cómo intervienen la AMF y la ACPR, qué sustituyó al antiguo régimen PSAN y qué debe comprobar un proyecto antes de emitir, custodiar o negociar activos digitales desde Francia.

Cómo se distingue MiCA del régimen de valores

El Reglamento MiCA establece el marco europeo de ofertas y servicios sobre criptoactivos. Los tokens que sean instrumentos financieros quedan fuera de su ámbito y siguen las reglas de valores y servicios de inversión aplicables. En Francia, la categoría de prestataire de services sur crypto-actifs, o PSCA, corresponde al proveedor CASP de MiCA y debe distinguirse del antiguo régimen nacional PSAN, creado por la ley PACTE de 2019 con un registro obligatorio para determinados servicios y una autorización opcional; la Ley 2023-171 reforzó ese registro desde 2024.

La AMF confirmó en julio de 2026 el fin de la transición desde el régimen PACTE. La inscripción o autorización PSAN anterior ya no permite por sí sola continuar servicios sujetos a MiCA. Una solicitud pendiente no debe presentarse como autorización obtenida. El proveedor debe verificar su habilitación. Para quienes no obtuvieron la autorización MiCA, la AMF sigue la ejecución de los planes de cese ordenado de actividad con prioridad en la protección de los intereses de los clientes; esos planes pueden incluir la transferencia de clientes a un PSCA autorizado.

Qué supervisan la AMF y la ACPR

La AMF interviene en la autorización y supervisión de proveedores PSCA y en las ofertas de criptoactivos de su competencia. La ACPR publica procedimientos para emisores tanto de ART como de EMT según la entidad y el proyecto. No es correcto asignar de forma general ART a la AMF y EMT a la ACPR como si ese fuera todo el reparto competencial.

La ACPR también interviene cuando el servicio constituye una actividad de pago. Las competencias europeas previstas por MiCA deben considerarse junto con la supervisión nacional. Los registros oficiales permiten comprobar quién presta el servicio y qué tiene autorizado; el nombre comercial de una plataforma o la pertenencia a un grupo financiero no sustituyen esa comprobación.

Qué autorización necesita un proyecto para operar

El primer paso consiste en separar las funciones de emisión, distribución, custodia, intercambio y pagos. A continuación se identifica la sociedad que contrata con el cliente y el supervisor de cada función. Una marca que ofrece todos esos servicios puede apoyarse en varias entidades autorizadas, pero los contratos y los flujos operativos deben reflejar esa distribución de responsabilidades.

Los artículos 59 y 60 de MiCA distinguen la autorización como CASP y la vía de notificación para determinadas entidades financieras. La habilitación debe corresponder a los servicios efectivamente prestados. El procedimiento europeo permite operar en otros Estados miembros dentro de su alcance, pero no convierte el permiso de criptoactivos en autorización para ofrecer instrumentos financieros, gestionar fondos o prestar cualquier servicio de pago.

Las expectativas de ACPR para servicios con EMT analizan la concurrencia de MiCA y PSD2. La autoridad diferencia los servicios de custodia y transferencia afectados de otras actividades de pago que requieren un expediente más amplio. También contempla la interacción entre los plazos europeos y los proveedores acogidos al antiguo régimen transitorio PSAN. La empresa debe determinar su situación concreta y no asumir que una sola autorización resuelve toda su operativa.

Cómo se representan y transmiten los valores tokenizados

El artículo L.211-3 del Código Monetario y Financiero permite inscribir valores mediante tecnología de registros distribuidos en lugar de una cuenta de valores en los casos del artículo L.211-7: por decisión del emisor, los valores no admitidos a las operaciones de un depositario central, y los admitidos a una infraestructura de mercado DLT del régimen piloto. Exige garantías, en particular de autenticación, al menos equivalentes a las de la inscripción en cuenta, en las condiciones del artículo R.211-9-7 (Decreto 2018-1226, modificado por el Decreto 2023-421). El reconocimiento se refiere al mecanismo jurídico definido por la ley, no a cualquier anotación creada en una red blockchain.

El artículo L.211-7, vigente desde mayo de 2025, distingue los valores admitidos a las operaciones de un depositario central, los que no lo están y los admitidos a una infraestructura de mercado DLT. Para estos últimos conecta el régimen nacional con el Reglamento 2022/858. Fuera del régimen piloto, la inscripción en registros distribuidos se limita a los valores no admitidos a las operaciones de un depositario central, y llevar una emisión a negociación exige la infraestructura correspondiente. Debe identificarse la categoría de la emisión y la infraestructura utilizada antes de atribuir efectos jurídicos al registro.

El Régimen Piloto DLT permite infraestructuras de negociación y liquidación sujetas a permisos y exenciones específicas. Francia ya cuenta con una infraestructura de este tipo habilitada, de modo que existe una vía de negociación y liquidación, pero la autorización de una infraestructura no dispensa al emisor o a los intermediarios de sus propias obligaciones. Para activos inmobiliarios u otros bienes, la documentación debe precisar si el token representa un valor, un derecho contractual o un derecho sobre el bien, así como su forma de transmisión y ejecución.

Qué obligaciones continúan después de la autorización

Las obligaciones de un PSCA dependen de sus servicios e incluyen requisitos de organización, protección de activos, conflictos y conducta. El asesoramiento y la gestión de carteras requieren examinar la adecuación para el cliente conforme a MiCA. Los controles de prevención del blanqueo y la información exigible en transferencias deben integrarse en la operativa, junto con DORA para las entidades comprendidas en su ámbito.

A ello se añade la obligación fiscal de identificar la residencia de los clientes y comunicar información sobre sus operaciones a la administración tributaria, establecida por el artículo 54 de la Ley 2025-127 de finanzas para 2025 (artículos 1649 AC bis a 1649 AC sexies del Código General de Impuestos) y por el Decreto 2025-1276, que transponen la directiva europea de cooperación administrativa aplicable a los criptoactivos (DAC8). Se aplica a las operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2026, y la primera declaración debe presentarse antes del 15 de junio de 2027.

Para ofertas de criptoactivos distintos de ART y EMT, la notificación del libro blanco no equivale a su aprobación por la AMF. El contenido, los riesgos y los derechos deben corresponder con el producto real. El control de la comunicación comercial y de los proveedores externos resulta especialmente relevante cuando una misma plataforma combina criptoactivos, instrumentos financieros y funciones de pago.

Cómo preparar la estructura y el lanzamiento

La preparación comienza con los derechos del titular y los mercados a los que se dirigirá la oferta. Con esa información se determina si corresponde MiCA o la normativa de instrumentos financieros, qué servicios prestará cada entidad y qué registro documentará la titularidad. El permiso de un proveedor y el cumplimiento de una emisión son dos comprobaciones diferentes que deben quedar resueltas antes del lanzamiento.

El caso de Lise muestra cómo una infraestructura DLT requiere coordinar varios ámbitos de autorización y supervisión: habilitación como empresa de inversión, sistema multilateral de negociación DLT y sistema de liquidación, con aprobación de sus reglas de funcionamiento por la AMF. Ese antecedente no permite utilizar el mismo régimen sin tramitar los permisos propios. La elección tecnológica debe venir acompañada de procedimientos sobre registro, liquidación, incidencias y protección de activos.

El expediente debe mantener alineados el producto, los contratos y el funcionamiento real de la plataforma. Las condiciones fiscales, las reglas de inversión colectiva y las restricciones de distribución requieren un examen específico cuando el modelo las active. También conviene distinguir las normas vigentes de documentos de preparación anteriores a MiCA: sus referencias al antiguo régimen PSAN no describen la habilitación actual. Conviene seguir además la propuesta de la Comisión COM(2025) 943, de 4 de diciembre de 2025, que reformaría el régimen piloto DLT y trasladaría a ESMA la autorización y supervisión de los proveedores de servicios de criptoactivos, salvo las entidades de crédito y las entidades financieras del artículo 60 de MiCA. Es una propuesta en tramitación, no derecho vigente.

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