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MassachusettsMassachusetts aplica desde enero de 2026 un nuevo régimen de transmisión monetaria que incluye operaciones de consumo con monedas virtuales como bitcoin y USDC, según la Division of Banks. Las excepciones dependen del servicio y del sujeto. Tokenización, intermediación de valores y protección del consumidor conservan reglas propias. La continuidad de operadores anteriores exige comprobar la transición; los cajeros pueden afrontar prohibiciones municipales, sin implicar una prohibición estatal de criptoactivos.
En Massachusetts, una empresa que recibe y transmite valor debe empezar por el propósito de la operación y la relación con el cliente. El régimen monetario reformado delimita transacciones personales, familiares o domésticas; por eso no debe trasladarse automáticamente a cualquier flujo entre empresas.
Si el proyecto incorpora tokens, necesita además distinguir pago, inversión y derecho representado. Esta guía explica la licencia monetaria, su transición y la relación con valores, contratos electrónicos y restricciones locales de determinados canales.
Qué operaciones cubre la reforma de Massachusetts
El capítulo 169B establece el régimen de transmisión monetaria de Massachusetts desde el 1 de enero de 2026. Procede de Chapter 312 of the Acts of 2024, firmado el 1 de enero de 2025. Comprende instrumentos de pago, valor almacenado y recepción de dinero o valor monetario para transmitirlo. Incluye operaciones nacionales e internacionales vinculadas territorialmente al estado.
La definición legal limita su ámbito a transacciones con finalidad personal, familiar o doméstica. Por tanto, no debe afirmarse que cualquier flujo exclusivamente empresarial necesita esta licencia. La FAQ 19 de la Division of Banks, DOB, actualizada en abril de 2026, considera generalmente bitcoin y USDC medios de intercambio con valor monetario. Las unidades cerradas no convertibles ni utilizables como medio de intercambio reciben tratamiento distinto.
La sección 2 contiene excepciones por entidad y función, entre ellas determinados intermediarios regulados y agentes del beneficiario que cumplen condiciones contractuales y de responsabilidad. Proporcionar únicamente servicios de red tampoco equivale por sí solo a transmisión. Cada modelo debe identificar quién recibe el activo, para quién lo transmite y quién soporta la obligación frente al cliente.
Qué autoridad supervisa cada actividad
La DOB administra licencias y supervisión monetaria. La Securities Division del Secretary of the Commonwealth aplica el capítulo 110A a ofertas, intermediarios y asesoramiento de valores. Sus competencias se complementan; una licencia monetaria no autoriza automáticamente la distribución de tokens de inversión.
El capítulo 93A prohíbe prácticas comerciales desleales o engañosas y atribuye potestad reglamentaria al Attorney General. El derecho federal conserva su aplicación por actividad, desarrollada en la ficha de Estados Unidos. La intervención de una autoridad estatal no acredita por sí sola cumplimiento de esa capa federal ni sustituye el examen del producto.
Qué habilitación necesita el modelo de negocio
La sección 4 del capítulo 169B exige autorización para la actividad comprendida y para presentarse comercialmente como transmisor. La solicitud tramitada por NMLS identifica negocio, personas de control y responsables, con examen financiero y de antecedentes. La aceptación de un expediente completo permite estudiarlo; no equivale a licencia concedida. La denegación debe motivarse y puede recurrirse conforme al capítulo 30A.
La transición distingue situaciones. Los anteriores titulares de Foreign Transmittal Agency o Check Seller debían solicitar el cambio de licencia. Determinados operadores que pasaron a estar sujetos pudieron continuar mientras se resolvía la solicitud presentada hasta el 1 de julio de 2026. El aviso supervisor de 31 de julio exige cesar a quienes necesitaban licencia y no solicitaron o transitaron a tiempo, hasta obtenerla.
El reglamento final 209 CMR 44, eficaz desde noviembre de 2025, desarrolla el procedimiento. Exige información financiera, idoneidad y garantía; prevé excepciones para actividades exclusivamente de procesamiento de nóminas y otros supuestos definidos. La propia DOB advierte que sus antiguas opiniones bajo el capítulo 169 y las disposiciones derogadas de check sellers no deben utilizarse para interpretar 169B.
El artículo 9 fija patrimonio neto tangible con mínimo de 100.000 dólares y cálculo escalonado según activos, sujeto a facultades de excepción justificadas. La garantía mediante surety bond se calcula con el mayor entre 100.000 dólares y la responsabilidad media diaria de transmisión en Massachusetts, con máximo exigido de 500.000. Patrimonio, garantía e inversiones de cobertura son requisitos distintos.
Cómo se documentan los derechos del titular
El capítulo 110G, sección 7, reconoce efectos a registros y firmas electrónicos sin rechazarlos únicamente por su formato. Su ámbito y exclusiones conservan otras reglas sustantivas. Esa equivalencia no demuestra que transferir un token transmita directamente propiedad inmobiliaria, participaciones o garantías sobre activos. El proyecto debe identificar derecho, emisor, obligado y formalidades aplicables.
Si el instrumento es un valor, el capítulo 110A distingue registro, exención y valores cubiertos federalmente. La Securities Division publica trámites de notificación para ofertas bajo Rule 506, además de procedimientos de registro. La documentación debe explicar derechos, riesgos y destino de fondos; no basta denominar al producto NFT, utility token o activo respaldado.
El resumen parlamentario de H4914 describe una propuesta para incorporar reglas UCC sobre registros electrónicos controlables. Ese documento no acredita por sí solo promulgación y vigencia. Esta ficha no utiliza la propuesta como autorización de una emisión ni como prueba de que el control de claves sustituya las formalidades del activo representado; su evolución requiere confirmación antes de estructurar garantías.
Qué obligaciones continúan durante la actividad
La sección 9 exige inversiones permitidas suficientes para cubrir las obligaciones de transmisión pendientes. Su régimen de protección patrimonial contempla un trust legal en situaciones especificadas, incluida insolvencia. No permite tratar automáticamente cualquier token en balance como inversión admisible ni equiparar la cobertura prudencial a seguro de depósitos. La composición y valoración deben contrastarse para el modelo concreto.
Las reglas 209 CMR 44 exigen conservación de registros durante al menos tres años, informes de actividad y situación, estados auditados anuales y comunicación de eventos relevantes. Los requisitos aplicables de información y prevención del blanqueo siguen presentes. Delegar funciones en un proveedor tecnológico no convierte la operación en una mera prestación de software.
La orden consentida sobre TradeStation Crypto de marzo de 2024 trató la oferta no registrada de una función que remuneraba activos de clientes utilizados en préstamos. El expediente diferencia esa función de las operaciones ordinarias con criptoactivos y recoge condiciones de no admisión de hechos. No acredita que toda criptomoneda o cualquier modalidad de staking sea un valor, ni una prohibición general de custodia.
Los cajeros necesitan además comprobación local. South Hadley prohibió su instalación y operación; el Attorney General aprobó la ordenanza en febrero de 2026 y el expediente municipal documenta su publicación. Es una restricción efectiva de ese canal dentro del municipio. La licencia estatal no debe presentarse como permiso suficiente para instalar equipos en cualquier localidad, ni la prohibición municipal extenderse a todo servicio digital del estado.
Qué preparar antes de poner en marcha el proyecto
Conviene preparar una descripción de los clientes y del propósito de cada flujo, junto con contratos, controles de claves y entidades receptoras. Si el proyecto invoca la transición, debe conservar la fecha y alcance de su solicitud y comprobar la respuesta del supervisor. Las opiniones emitidas bajo normas anteriores necesitan un contraste específico con 169B.
La clasificación de tokens, la composición de inversiones admisibles y las condiciones municipales de los cajeros deben resolverse antes de la distribución. Una propuesta sobre registros electrónicos tampoco debe incorporarse a los contratos como si acreditara por sí sola derechos vigentes.
Para analizar cómo se aplica este marco a tu proyecto, consulta tu caso con nuestro equipo.
Puntos clave
- El capítulo 169B reemplaza el antiguo régimen; las opiniones dictadas bajo las disposiciones derogadas no prueban una excepción actual.
- La transmisión de moneda virtual está generalmente comprendida según la DOB, pero el ámbito legal se limita a finalidades personales, familiares o domésticas.
- La transición permite continuidad a determinados operadores que solicitaron a tiempo; presentar fuera de plazo no habilita a operar mientras se espera.
- Acciones contra productos de inversión concretos y prohibiciones municipales de cajeros deben distinguirse de una prohibición general del sector.
Hitos regulatorios
Aplicación del nuevo régimen
Comienza la aplicación de 169B, con transición para categorías de operadores anteriores.
Preguntas frecuentes
La definición de transmisión de la sección 1 limita el régimen a finalidades personales, familiares o domésticas. Deben documentarse propósito y destinatarios antes de decidir el encaje de un flujo empresarial.
La sección 1 define por separado el valor almacenado de circuito cerrado. Hay que examinar dónde puede gastarse, quién lo reembolsa y si permite mover valor fuera de ese circuito.
El emplazamiento debe contrastarse con las ordenanzas locales. El permiso financiero y la posibilidad de instalar el equipo en un municipio responden a controles diferentes.
La clasificación y vía de oferta del instrumento no resuelven las funciones de intermediación o asesoramiento. El expediente debe identificar quién capta al cliente y quién ejecuta su decisión.
La solicitud presentada, su fecha, la categoría del operador y las comunicaciones del supervisor. Una referencia genérica al periodo transitorio no prueba que una empresa concreta pueda continuar.
