Regulación de activos digitales y tokenización en Suiza

En Suiza, la regulación de los activos digitales combina las normas financieras existentes con una reforma que reconoce valores basados en registros y permite autorizar infraestructuras de negociación con tecnología de registros distribuidos (DLT). Para un proyecto de tokenización, esto plantea dos análisis relacionados: qué derecho adquiere el titular y qué actividades realizan el emisor y los intermediarios. La validez del registro y la autorización del servicio deben examinarse por separado.

El punto de partida cambia según el modelo. Una emisión de valores, la custodia para clientes y una plataforma de negociación pueden activar requisitos diferentes ante la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros, FINMA. También hay intermediarios sujetos a supervisión de prevención del blanqueo mediante organizaciones de autorregulación. Esta guía explica esas vías y sus límites, incluido el acceso a clientes de la Unión Europea desde una jurisdicción que no pertenece al Espacio Económico Europeo.

Cómo encaja un proyecto en la legislación financiera suiza

La reforma suiza DLT modificó varias leyes federales. Según la Secretaría de Estado para Asuntos Financieros Internacionales, SIF, las disposiciones sobre valores basados en registros entraron en vigor el 1 de febrero de 2021 y el resto del paquete el 1 de agosto. El marco combina reconocimiento civil, infraestructura financiera e insolvencia. No existe una autorización única que cubra cualquier negocio con activos digitales.

La función del token y del servicio determina la aplicación de las normas financieras. El punto de partida de esa clasificación sigue siendo la guía de FINMA sobre ofertas iniciales de 2018, que distingue tokens de pago, de utilidad y de inversión, y admite formas híbridas. Un instrumento con derechos de inversión puede exigir el régimen de valores y servicios de inversión; la captación de depósitos y determinadas formas de custodia requieren otro examen. Suiza no forma parte del EEE. La habilitación nacional no proporciona por sí misma pasaporte MiCA ni permite comercializar sin atender las normas del mercado de destino.

Qué diferencia a FINMA de las organizaciones de autorregulación

FINMA concede y supervisa las autorizaciones comprendidas en la legislación financiera. Para intermediarios incluidos en el artículo 2.3 de la ley de prevención del blanqueo, la afiliación a una organización de autorregulación, SRO, constituye una vía de supervisión AML. FINMA reconoce y controla a esas organizaciones; son las SRO las que supervisan a sus miembros dentro de ese ámbito.

Esta distinción afecta a cómo se presenta un proveedor a clientes y contrapartes. Estar afiliado a una SRO no significa que FINMA haya concedido una licencia prudencial al intermediario o aprobado sus productos. La evaluación del proyecto debe identificar qué entidad custodia, quién contrata con el cliente y qué permisos o afiliaciones cubren cada actividad.

Qué autorización necesita cada actividad

La elección de la vía depende de lo que ocurre con los activos y las instrucciones del cliente. Mantener un registro de valores no equivale necesariamente a recibir depósitos; facilitar negociación multilateral plantea cuestiones distintas de distribuir una emisión. El expediente debe describir esas funciones y sus responsables, para evitar que la arquitectura técnica incorpore una actividad que el permiso previsto no cubre.

La licencia FinTech del artículo 1b de la Ley Bancaria contempla depósitos públicos hasta 100 millones de francos suizos o activos criptográficos bajo sus condiciones. Los activos comprendidos no pueden invertirse ni remunerarse con intereses. La sede y actividad deben cumplir los requisitos suizos. El límite de depósitos no debe presentarse como una autorización general de negociación o como garantía de depósitos para clientes. Las stablecoins tienen su propia lectura.

FINMA sostiene en su comunicación de supervisión 06/2024 que el derecho de reembolso del titular califica habitualmente como depósito a efectos de la Ley Bancaria (o, según la estructura, como inversión colectiva), de modo que su emisión requiere, por regla general, licencia bancaria, salvo excepciones como la garantía de incumplimiento prestada por un banco con las condiciones que la comunicación detalla. FINMA advierte además de riesgos reforzados de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y elusión de sanciones. Emitir una stablecoin desde Suiza no es, por tanto, una actividad no regulada.

La licencia de DLT trading facility se refiere a negociación multilateral de valores DLT bajo la ley de infraestructura financiera. El encaje considera, además, admisión de determinadas clases de participantes, custodia centralizada o compensación y liquidación. FINMA examina el modelo y exige auditoría antes de concederla. Un mercado secundario no queda autorizado por el mero hecho de utilizar blockchain.

El anuncio de autorización de BX Digital en marzo de 2025 acredita la aplicación práctica de esta figura. No permite extrapolar el permiso a otras plataformas. Para modelos distintos pueden resultar relevantes licencias bancarias, de empresas de valores o de gestores. Las consultas de encaje ante FINMA permiten plantear el proyecto, pero deben distinguirse del expediente y de una decisión formal de autorización.

Cómo adquiere efectos jurídicos un valor tokenizado

El artículo 973d del Código de Obligaciones define los valores basados en registros a partir de un acuerdo entre las partes. El derecho se incorpora a un registro de valores y se ejerce y transmite mediante él. El registro debe atribuir disposición a los acreedores, proteger su integridad y permitir consultar los derechos, el funcionamiento del sistema y el acuerdo de registro.

No basta con desplegar un contrato inteligente o denominar security token al producto. Deben coordinarse el acuerdo, la estructura societaria o contractual y el funcionamiento del registro. El artículo 973f vincula la transmisión al acuerdo de registro. Para inmuebles u otros bienes, debe distinguirse el derecho incorporado al valor de la propiedad del activo subyacente y de sus formalidades de transmisión.

Qué exige la custodia y la protección frente a insolvencia

La comunicación FINMA 01/2026 sobre custodia examina infraestructura técnica, protección de claves, selección de custodios y separación de activos en insolvencia. Dos precisiones concentran su utilidad práctica. Un banco suizo no debe, por lo general, respaldar con fondos propios los criptoactivos que mantiene para clientes en un subcustodio extranjero, siempre que ese tercero esté sujeto a supervisión prudencial y el derecho extranjero garantice la protección de los activos en su concurso. Y un gestor suizo solo puede incluir en la gestión criptoactivos depositados en el extranjero si el custodio está sujeto a una supervisión y una protección concursal equivalentes. No basta con que el proveedor asegure mantener carteras separadas si los derechos frente a su insolvencia no están acreditados.

La comunicación diferencia banca, gestión individual, inversión colectiva y productos estructurados. Por tanto, no debe resumirse como una prohibición universal de toda custodia por entidades afiliadas a SRO. La entidad autorizada conserva responsabilidades cuando recurre a terceros. Las condiciones AML y de transferencias, los conflictos y la información de riesgos deben ajustarse al servicio y al tipo de cliente.

Qué conviene resolver antes de estructurar el proyecto

Antes de elegir una estructura conviene definir el derecho que se emitirá, cómo se transmitirá y quién responderá de su cumplimiento. A partir de ahí se identifican las funciones de emisión, distribución, custodia y negociación. Si se recurre a valores basados en registros, el acuerdo jurídico y el funcionamiento del sistema deben encajar: no basta con que el software permita transferir un token entre carteras.

La selección de custodios requiere comprobar la protección jurídica de los activos, además de las medidas técnicas. El análisis de Homburger sobre FINMA 01/2026 contrasta sus efectos para distintas instituciones; no convierte todas las modalidades de custodia en un único supuesto. Deben revisarse las entidades contratantes, las leyes de insolvencia y las condiciones concretas de cualquier cadena de subcustodia.

La documentación debe incluir también los países donde se captarán clientes y los requisitos de distribución en cada mercado. La reforma de la Ley de Instituciones Financieras abierta a consulta en octubre de 2025, cuyo plazo de respuestas se cerró en febrero de 2026, sigue siendo una propuesta y no una licencia operativa, pero conviene seguirla. Plantea dos categorías nuevas de autorización: el instituto de medios de pago, que sustituiría a la licencia FinTech y sería el único habilitado para emitir medios de pago criptográficos de valor estable, y el instituto de criptoactivos, que cubriría la custodia, con posibilidad de staking, la negociación por cuenta de clientes y la negociación por cuenta propia con cotización de precios.

Según el borrador, las licencias de banco y de empresa de valores habilitarían también para actuar como instituto de criptoactivos; las de gestor de patrimonios, trustee o gestor de inversión colectiva, no. Las condiciones de una emisión, las excepciones y su fiscalidad necesitan comprobación individual; la traducción inglesa informativa del Código de Obligaciones no sustituye a los textos oficiales con fuerza legal.

Para analizar cómo se aplica este marco a tu proyecto, consulta tu caso con nuestro equipo.