La adopción de la tecnología blockchain y la tokenización de activos avanza a un ritmo acelerado, pero el verdadero motor que impulsa su desarrollo global es la existencia de un marco legal claro, coherente y favorable a la innovación.
Algunos países ya se han consolidado como referentes en materia regulatoria, estableciendo normas específicas para criptoactivos, infraestructuras DLT y emisión de tokens con respaldo jurídico. En este artículo te mostramos la información relevante sobre la regulación blockchain en Malta, que puedes usar como guía si buscas operar internacionalmente o evaluar distintas localizaciones estratégicas.
Legislación vigente sobre blockchain y activos virtuales en Malta
Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation)
Establece el primer marco legal integral de la UE para regular emisores de criptoactivos y proveedores de servicios (CASPs). Cubre stablecoins, utility tokens, tokens de dinero electrónico (EMT), tokens referenciados a activos (ART) y plataformas de custodia o intercambio. Exige autorización previa, requisitos de gobernanza, solvencia, transparencia, y protección al usuario.
MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II)
Directiva europea que regula los mercados de instrumentos financieros tradicionales y también aplica a criptoactivos considerados como instrumentos financieros (ej. security tokens). Establece normas sobre transparencia, protección al inversor, servicios de asesoramiento, ejecución de órdenes y requisitos prudenciales para las empresas de inversión.
Ley de Activos Financieros Virtuales (Virtual Financial Assets Act, VFAA)
Establece el marco regulatorio para la emisión, comercialización y prestación de servicios sobre activos financieros virtuales (VFA) en Malta. Regula las ICO, exchanges, custodios y asesores, exige licencia previa de la MFSA y la designación obligatoria de agentes VFA, así como el cumplimiento de estrictos estándares AML/CFT y transparencia. La VFAA introduce la prueba de instrumento financiero para determinar la naturaleza regulatoria de cada token.
Ley de Arreglos y Servicios de Tecnología Innovadora (Innovative Technology Arrangements and Services Act, ITAS)
La Ley ITAS regula el registro y certificación de acuerdos tecnológicos innovadores, como plataformas blockchain y contratos inteligentes, y establece los requisitos para los proveedores de servicios tecnológicos. Bajo esta ley, la MDIA certifica la seguridad, integridad y funcionalidad de las infraestructuras DLT, promoviendo la confianza y la innovación en el sector digital.
Ley de la Autoridad de Innovación Digital de Malta (Malta Digital Innovation Authority Act, MDIA)
La Ley MDIA crea la Autoridad de Innovación Digital de Malta, responsable de supervisar, certificar y promover la innovación tecnológica en el país. La MDIA actúa como regulador transversal para proyectos blockchain y DLT, colaborando con la MFSA y otras autoridades para garantizar la integridad, transparencia y cumplimiento normativo en el sector de activos digitales.
La tokenización permite representar digitalmente activos del mundo real a través de blockchain, pero para que tenga valor jurídico, es esencial que exista un marco normativo que reconozca esta operación. Malta adopta su propio enfoque, estableciendo normas específicas para la emisión, custodia o negociación de tokens. En este bloque explicamos cómo se regula la tokenización de activos desde un punto de vista legal, tomando como ejemplo una jurisdicción avanzada como Malta.
Regulación de la tokenización de activos en Malta
La tokenización de activos en Malta se encuentra regulada por un marco robusto y pionero en Europa, articulado principalmente a través de la Ley de Activos Financieros Virtuales (VFAA), la Ley ITAS y la Ley MDIA, y desde 2024, por el Reglamento MiCA.
Los proyectos de tokenización de activos financieros están sujetos a la prueba de instrumento financiero establecida por la VFAA, que determina si el token es un instrumento financiero (regulado por MiFID II y la Ley de Servicios de Inversión) o un activo financiero virtual (regulado por la VFAA). La emisión y comercialización de estos tokens requiere la presentación de un white paper a la MFSA, la designación de un agente VFA y el cumplimiento de requisitos de transparencia, gobierno y protección al inversor.
Para activos no financieros la tokenización se evalúa caso por caso, además de las obligaciones generales de MiCA y AML/CFT. La MDIA certifica las infraestructuras tecnológicas empleadas, garantizando la integridad y seguridad de las plataformas DLT. Malta participa en el European Blockchain Sandbox y fomenta la innovación mediante incentivos fiscales y colaboración interinstitucional, aunque no dispone de un sandbox regulatorio nacional formal.
Organismos y autoridades reguladoras de activos digitales en Malta
Malta Financial Services Authority (MFSA)
La MFSA es la autoridad principal en la regulación de criptoactivos en Malta. Supervisa a los CASP bajo la VFA Act y, desde 2025, actúa como autoridad competente para la concesión y supervisión de licencias bajo el Reglamento MiCA. Evalúa la idoneidad de los solicitantes, controla requisitos prudenciales, revisa whitepapers y puede imponer sanciones.
Malta Digital Innovation Authority (MDIA)
Se encarga de la certificación tecnológica de infraestructuras DLT, smart contracts y plataformas empleadas en la emisión o gestión de activos digitales. Garantiza la integridad técnica y la auditabilidad de las soluciones utilizadas, y aunque no es legalmente obligatoria para todas las actividades, puede ser requerida como parte del proceso de validación regulatoria.
Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)
Es la unidad de inteligencia financiera responsable de la supervisión AML/CFT de los proveedores de servicios de activos virtuales (VFA Service Providers) y CASP. Evalúa políticas KYC, realiza inspecciones y puede emitir directivas vinculantes, además de gestionar el registro de sujetos obligados y cooperar con autoridades europeas y el GAFI.
Lanzar un negocio basado en activos digitales requiere algo más que tecnología: también es necesario cumplir con exigencias legales como licencias, registros y obligaciones regulatorias. Estas condiciones aseguran que el modelo de negocio sea viable y sostenible en el tiempo, y que cumpla con los estándares de transparencia y prevención del fraude. En este apartado exploramos qué licencias suelen exigirse y qué criterios de cumplimiento deben seguir las empresas blockchain que operan en Malta.
¿Qué licencias y requisitos se necesitan para operar con criptoactivos en Malta?
Licencia CASP (MiCA)
La licencia CASP es obligatoria bajo el Reglamento MiCA para exchanges, custodios y emisores de tokens ART y EMT que operen en Malta o la UE. La licencia debe obtenerse ante la MFSA o la autoridad correspondiente de otro Estado miembro e implica requisitos de capital, gobernanza, protección al usuario y seguridad técnica. La transición desde el régimen VFA a MiCA debe completarse antes del 30 de diciembre de 2025.
Licencia VFA bajo la VFA Act
Antes de MiCA, Malta operaba bajo la Virtual Financial Assets Act, que establece cuatro clases de licencias para VFA Service Providers según el tipo de actividad (intercambio, asesoramiento, custodia, etc.). Aunque este régimen sigue en vigor para determinados tokens excluidos de MiCA, muchas entidades están migrando hacia la licencia MiCA.
Registro y certificación técnica
Aunque no es un requisito obligatorio, muchas plataformas optan por certificar sus soluciones DLT ante la MDIA para reforzar su credibilidad ante inversores y reguladores. Este proceso implica auditorías de ciberseguridad, validación de integridad del código, pruebas de resiliencia operativa y evaluación del sistema de gobernanza tecnológica. En algunos casos, la MFSA puede requerir esta certificación como condición para otorgar o mantener la licencia.
Cumplimiento AML/KYC obligatorio
Todos los operadores deben cumplir con la legislación maltesa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esto incluye verificación de identidad del cliente, monitoreo de transacciones, políticas internas de riesgos y reporte de operaciones sospechosas a la FIAU. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones administrativas, revocación de licencias e inclusión en listas de sujetos no conformes.
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