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Cuál es la regulación en El Salvador Blockchain en tokenización en 2025

Regulación blockchain en El Salvador: Guía esencial 2025

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La adopción de la tecnología blockchain y la tokenización de activos avanza a un ritmo acelerado, pero el verdadero motor que impulsa su desarrollo global es la existencia de un marco legal claro, coherente y favorable a la innovación.

Algunos países ya se han consolidado como referentes en materia regulatoria, estableciendo normas específicas para criptoactivos, infraestructuras DLT y emisión de tokens con respaldo jurídico. En este artículo te mostramos la información relevante sobre la regulación blockchain en El Salvador, que puedes usar como guía si buscas operar internacionalmente o evaluar distintas localizaciones estratégicas.

Descubre la regulación blockchain en El Salvador (Ley Bitcoin, CNAD, BCR, PSAD, SSF)

Legislación vigente sobre blockchain y activos virtuales en El Salvador

Ley Bitcoin (Decreto Legislativo n.º 57/2021)

Estableció el bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, permitiendo su uso en cualquier transacción. Tras la reforma de 2025, la aceptación de bitcoin es voluntaria y el Estado queda excluido de obligaciones de aceptación, mientras que la regulación y supervisión del uso de bitcoin recaen en el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero.

Ley de Emisión de Activos Digitales

Constituye el marco principal para la emisión, comercialización y registro de activos digitales en El Salvador, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD). Regula los requisitos y procedimientos para emisores, proveedores y certificadores, estableciendo obligaciones de transparencia, gobernanza y prevención de fraudes.

Ley de Fomento a la Innovación y Uso de la Tecnología de Blockchain

Promueve el desarrollo de proyectos basados en tecnología blockchain, otorgando incentivos fiscales y exenciones tributarias a empresas innovadoras del sector digital. El objetivo es atraer inversión extranjera y fomentar la modernización tecnológica, facilitando la adopción de soluciones blockchain en sectores estratégicos y el desarrollo de nuevas infraestructuras digitales.

Reglamento de Registro de Emisores y Emisiones Públicas y Privadas

El reglamento desarrolla los procedimientos y requisitos para el registro de emisores y emisiones de activos digitales ante la CNAD. Evalúa a los agentes involucrados, la documentación técnica y financiera, y los informes de certificación necesarios para autorizar la emisión y comercialización de tokens, asegurando la viabilidad legal, financiera y tecnológica de cada proyecto.

La tokenización permite representar digitalmente activos del mundo real a través de blockchain, pero para que tenga valor jurídico, es esencial que exista un marco normativo que reconozca esta operación. El Salvador adopta su propio enfoque, estableciendo normas específicas para la emisión, custodia o negociación de tokens. En este bloque explicamos cómo se regula la tokenización de activos desde un punto de vista legal, tomando como ejemplo una jurisdicción avanzada como El Salvador.

Regulación de la tokenización de activos en El Salvador

El Salvador cuenta con un marco legal específico para la tokenización de activos financieros y no financieros, basado en la Ley de Emisión de Activos Digitales y sus reglamentos. La tokenización puede aplicarse a derechos con contenido económico, bienes raíces, instrumentos financieros y otros activos, siempre que los proyectos sean autorizados por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) tras una evaluación integral de riesgos, viabilidad y cumplimiento normativo.

El proceso exige la participación de proveedores de activos digitales y certificadores registrados, la presentación de documentación técnica y financiera detallada, y el cumplimiento de estándares de transparencia y gobernanza.

Los beneficios fiscales para emisores e inversores incluyen exenciones sobre ganancias de capital y tributos asociados a las transacciones con activos digitales, lo que ha posicionado al país como un destino competitivo para la tokenización inmobiliaria y de otros activos. Además, El Salvador ha lanzado en 2025 un sandbox regulatorio transfronterizo en colaboración con la SEC de Estados Unidos, permitiendo la experimentación controlada de modelos de tokenización y la emisión de tokens no considerados valores, con el objetivo de recopilar datos regulatorios y fortalecer la innovación supervisada.

Organismos y autoridades reguladoras de activos digitales en El Salvador

Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD)

La CNAD es la autoridad principal encargada de la regulación, supervisión y sanción de los activos digitales en El Salvador, incluyendo la emisión, comercialización y registro de tokens, stablecoins y otros activos digitales. Dicta las normas técnicas y operativas para los PSAD, mantiene el registro público de emisores y comercializadores autorizados, y vela por el cumplimiento.

Banco Central de Reserva (BCR)

El BCR conserva competencias regulatorias sobre la operativa financiera y la integración de bitcoin en el sistema de pagos, emitiendo normativas para la adopción voluntaria de bitcoin, la protección al consumidor y la prevención de actividades ilícitas. Establece directrices para las instituciones financieras y coordina con la SSF la emisión de normas complementarias.

Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)

La SSF supervisa el cumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (AML/CFT) por parte de los proveedores de servicios de activos digitales. Coordina la aplicación de la Travel Rule, exige reportes de operaciones sospechosas y verifica la implementación de políticas AML/KYC en línea con los estándares internacionales del GAFI.

Lanzar un negocio basado en activos digitales requiere algo más que tecnología: también es necesario cumplir con exigencias legales como licencias, registros y obligaciones regulatorias. Estas condiciones aseguran que el modelo de negocio sea viable y sostenible en el tiempo, y que cumpla con los estándares de transparencia y prevención del fraude. En este apartado exploramos qué licencias suelen exigirse y qué criterios de cumplimiento deben seguir las empresas blockchain que operan en El Salvador.

Descubre la regulación blockchain en El Salvador (Ley Bitcoin, CNAD, BCR, PSAD, SSF)

¿Qué licencias y requisitos se necesitan para operar con criptoactivos en El Salvador?

Licencia de Emisor de Activos Digitales

La Ley de Emisión de Activos Digitales establece que toda entidad que emita activos digitales públicos o privados debe obtener autorización de la CNAD. Esta licencia exige presentar un whitepaper técnico y legal, cumplir con normas de gobernanza, transparencia, divulgación de riesgos y seguridad informática. Además, los emisores deben implementar políticas de ciberseguridad, reportes periódicos y sistemas de monitoreo antifraude.

Licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD)

Para operar legalmente como PSAD en El Salvador es obligatorio obtener la licencia PSAD ante la CNAD. El proceso exige la presentación de una solicitud formal, documentación societaria, manuales de cumplimiento, políticas AML/KYC y evidencia de capacidad técnica y operativa. La CNAD evalúa la información y, si es favorable, otorga la inscripción definitiva y la autorización para operar. Solo los PSAD registrados pueden ofrecer servicios como exchange, custodia, emisión o comercialización.

Cumplimiento AML/KYC

Todos los PSAD y emisores de activos digitales deben implementar políticas robustas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, alineadas con los estándares del GAFI. Esto implica la verificación de identidad de clientes, monitoreo de transacciones, reporte de operaciones sospechosas y conservación de registros. Además, la CNAD notifica a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) el registro de nuevos proveedores.

Otros requisitos regulatorios

Los emisores y certificadores de activos digitales deben cumplir con requisitos específicos de transparencia, gobernanza y presentación de documentación técnica y financiera. Se exige la inscripción ante la CNAD, la validación de los proyectos y el cumplimiento de estándares de seguridad y protección al inversor. Los emisores deben presentar informes periódicos y someterse a auditorías, mientras que los certificadores deben demostrar experiencia técnica y solvencia.

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