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Cuál es la regulación blockchain vigente en Mónaco en 2025?

Regulación blockchain en Mónaco: Guía esencial 2025

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La adopción de la tecnología blockchain y la tokenización de activos avanza a un ritmo acelerado, pero el verdadero motor que impulsa su desarrollo global es la existencia de un marco legal claro, coherente y favorable a la innovación.

Algunos países ya se han consolidado como referentes en materia regulatoria, estableciendo normas específicas para criptoactivos, infraestructuras DLT y emisión de tokens con respaldo jurídico. En este artículo te mostramos la información relevante sobre la regulación blockchain en Mónaco, que puedes usar como guía si buscas operar internacionalmente o evaluar distintas localizaciones estratégicas.

Descubre la regulación blockchain en Mónaco (CCAF, Ley 1528, Ley 1362, Ley 1491, AMFS, Ministerio de Estado de Mónaco, Orden Soberana 8258)

Legislación vigente sobre blockchain y activos virtuales en Mónaco

Ley 1491 de 2020 sobre Ofertas de Tokens

Regula la emisión pública y privada de tokens digitales en Mónaco, estableciendo los requisitos para la autorización administrativa, la información a inversores y la supervisión de las ofertas. Esta norma proporciona el marco legal para la utilización de la tecnología blockchain en la representación de derechos económicos y financieros, con especial atención a la protección del inversor y la transparencia de las operaciones.

Orden Soberana 8258 de 2020

Desarrolla la Ley 1491 y detalla los procedimientos técnicos, financieros y administrativos para la emisión y comercialización de tokens en el Principado. Incluye obligaciones de registro, requisitos de capital y mecanismos de control para plataformas y emisores, así como reglas específicas para ofertas privadas y públicas de tokens, reforzando la seguridad jurídica del ecosistema digital.

Ley 1528 de 2022 sobre Servicios de Activos Digitales

Introduce un régimen de licencias obligatorio para los proveedores de servicios sobre activos digitales, como exchanges, custodios y asesores. Exige presencia local, requisitos de honorabilidad y cumplimiento reforzado de AML/CFT. Alinea el marco monegasco con los estándares internacionales y europeos, estableciendo la validez legal de los registros blockchain para contratos y transacciones.

Ley 1362 sobre Prevención de Blanqueo de Capitales (modificada)

La Ley 1362, en su versión modificada, establece las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo aplicables a los actores del sector blockchain y criptoactivos. Impone controles de KYC, reporte de operaciones sospechosas y obligaciones de diligencia reforzada, bajo la supervisión de la Autoridad Monegasca de Seguridad Financiera (AMSF).

La tokenización permite representar digitalmente activos del mundo real a través de blockchain, pero para que tenga valor jurídico, es esencial que exista un marco normativo que reconozca esta operación. Mónaco adopta su propio enfoque, estableciendo normas específicas para la emisión, custodia o negociación de tokens. En este bloque explicamos cómo se regula la tokenización de activos desde un punto de vista legal, tomando como ejemplo una jurisdicción avanzada como Mónaco.

Regulación de la tokenización de activos en Mónaco

Mónaco dispone de un marco legal específico y vigente para la tokenización de activos, tanto financieros como no financieros, basado principalmente en la Ley 1491/2020 y la Orden Soberana 8258/2020. La emisión de tokens que representen derechos sobre acciones, bonos u otros instrumentos financieros requiere autorización administrativa y está bajo la supervisión de la Comisión de Control de Actividades Financieras (CCAF), con estrictos requisitos de transparencia, información al inversor y cumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AMF/CCAF).

Para activos no financieros la tokenización se analiza caso por caso, aplicando el derecho privado y las obligaciones generales de cumplimiento, ya que no existe un régimen sectorial específico. La Ley 1528/2022 refuerza la validez legal de los registros en blockchain y exige licencia a los proveedores de servicios relacionados, incluyendo plataformas de tokenización y custodia, quienes deben estar establecidos en Mónaco y cumplir con requisitos de honorabilidad y presencia local.

Mónaco no cuenta con un sandbox regulatorio formal ni participa en el régimen piloto DLT europeo, aunque fomenta la innovación a través de colaboraciones institucionales y eventos sectoriales. El marco normativo está alineado con los estándares internacionales del GAFI/FATF y en proceso de adaptación a futuras exigencias globales, garantizando seguridad jurídica y protección para inversores e instituciones.

Organismos y autoridades reguladoras de activos digitales en Mónaco

Comisión de Control de Actividades Financieras (CCAF)

La CCAF la autoridad independiente que supervisa y regula el sector financiero en Mónaco, incluyendo la concesión y revocación de licencias, la emisión de tokens considerados instrumentos financieros y la protección de los inversores. Su competencia sobre criptoactivos se limita a aquellos que encajan en la definición de valores o instrumentos financieros.

Autoridad Monegasca de Seguridad Financiera (AMSF)

Es la unidad de inteligencia financiera y la autoridad responsable de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Supervisa el cumplimiento de las obligaciones AML/CFT por parte de todos los sujetos obligados, incluidos los proveedores de servicios de activos digitales, y colabora con organismos internacionales.

Ministerio de Estado de Mónaco

Es responsable de otorgar la autorización administrativa previa para proyectos de tokenización y emisión de activos digitales, tras la evaluación de una comisión especializada que revisa la documentación legal y financiera. Esta autorización es un requisito imprescindible antes de la emisión pública de tokens en Mónaco.

Lanzar un negocio basado en activos digitales requiere algo más que tecnología: también es necesario cumplir con exigencias legales como licencias, registros y obligaciones regulatorias. Estas condiciones aseguran que el modelo de negocio sea viable y sostenible en el tiempo, y que cumpla con los estándares de transparencia y prevención del fraude. En este apartado exploramos qué licencias suelen exigirse y qué criterios de cumplimiento deben seguir las empresas blockchain que operan en Mónaco.

Descubre la regulación blockchain en Mónaco (CCAF, Ley 1528, Ley 1362, Ley 1491, AMFS, Ministerio de Estado de Mónaco, Orden Soberana 8258)

¿Qué licencias y requisitos se necesitan para operar con criptoactivos en Mónaco?

Autorización individual para emisores y operadores

En Mónaco no existe una licencia general automatizada para criptoactivos; cada operador debe solicitar autorización individual ante la Comisión de Control de Actividades Financieras (CCAF), que evalúa la idoneidad jurídica, financiera y técnica del proyecto, así como la estructura de gobernanza y los riesgos asociados. No se permite operar sin aprobación expresa del regulador.

Requisitos bajo la Orden Soberana 8258

La emisión de tokens digitales está sujeta a las disposiciones de la Orden Soberana 8258, que exige la presentación de un expediente técnico y jurídico detallado, incluyendo la naturaleza y función del token, condiciones de emisión, control de riesgos y justificación de la trazabilidad del activo subyacente. Solo los tokens aprobados reciben reconocimiento legal en el Principado.

Registro administrativo previo

Toda empresa que desee operar con blockchain o activos digitales desde Mónaco debe inscribirse previamente en el Registro de Comercio y del Sector Económico, gestionado por el Departamento de Desarrollo Económico. El registro exige análisis del objeto social, capital inicial, responsables legales y cumplimiento de las normas sectoriales.

Cumplimiento AML/KYC

Obligatorio para todas las entidades que operan con criptoactivos, bajo la supervisión de la AMSF. Se exige la implementación de procedimientos documentados de identificación de clientes (KYC), monitoreo de operaciones, análisis de beneficiarios reales y reporte de actividades sospechosas. El incumplimiento puede conllevar sanciones o la revocación de la autorización.

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