Según las propias palabras de la Comisión Europea: “se trata de carteras digitales personales en forma de aplicaciones para móviles que permite a los ciudadanos identificarse digitalmente, almacenar y gestionar datos de identidad y documentos oficiales en forma digital. Pueden incluir el permiso de conducción, recetas médicas o títulos académicos, con ellas, los ciudadanos podrán demostrar su identidad en todo el territorio de la Unión Europea cuando sea necesario para acceder a servicios en línea, facilitar documentos digitales o simplemente demostrar un atributo personal específico como la edad sin revelar su identidad u otros datos personales.”
Por tanto, la identidad digital europea es un mecanismo Estatal y digital para identificarse. Un documento digital similar al DNI que tendremos almacenado en nuestros teléfonos móviles y que contendrá mucha más información que el propio DNI físico, pues, como hemos visto, también podrá recoger los títulos académicos o los historiales clínicos
¿Para qué sirve la identidad digital de la UE?
Retomando una vez más las palabras de la Comisión Europea, la identidad digital de la UE permitirá identificarse “frente a las administraciones públicas de toda la Unión Europea y también frente a ciertas empresas privadas que operen en Europa y que estarán obligadas a incorporar la identidad digital europea como un mecanismo de autenticación interno.”
Acerca de este último punto, ¿Qué dice la UE sobre los servicios privados?
“Los ciudadanos europeos deben poder utilizar su cartera de identidad digital de la Unión Europea para acceder a servicios digitales en toda internet, incluidos ciertos servicios privados. A este respecto, mejora la eficacia y extiende al sector privado las ventajas de una identidad digital segura y cómoda. En el caso de algunos servicios privados, la aceptación de la cartera será obligatoria, especialmente cuando sea necesario un elevado nivel de garantía de la identidad de sus clientes. Este es el caso, por ejemplo, de los pagos y la apertura de cuentas bancarias y de determinados casos de uso en los ámbitos de transporte, la energía, la seguridad social, la salud, el agua potable, los servicios postales, la infraestructura digital, la educación o las telecomunicaciones. El requisito de reconocer la cartera para la autenticación también se aplica a las plataformas en línea de muy gran tamaño designadas en virtud de la Ley de Servicios Digitales, como las proporcionadas por meta, Amazon, Apple, booking.com, TikTok o Zalando.”
Para ser más concretos, la Comisión Europea ha publicado en su web unos ejemplos de uso:
“Peter ha instalado una cartera de identidad digital de la UE en su teléfono móvil. La cartera digital de Peter le permite descargar, almacenar y utilizar sus datos personales básicos, un permiso de conducción, un diploma y una tarjeta bancaria que antes llevaba en su cartera física. La cartera también permitirá a Peter firmar electrónicamente cualquier transacción digital, como un contrato de trabajo o de alquiler… o para alquilar un coche en el aeropuerto… o para identificarse en un servicio en línea para demostrar su identidad… o para reservar un hotel online.”
Reflexiones y conclusión
La implementación de la identidad digital europea, aunque presentada como una herramienta facilitadora para la identificación en el entorno digital, merece una evaluación crítica profunda, especialmente en lo que respecta al papel del Estado y las potenciales implicaciones para la libertad individual.
La adopción de la identidad digital europea, en efecto, corre el riesgo de convertirse en una herramienta de vigilancia y control masivo en manos del Estado, lejos de ser simplemente una facilitación para las transacciones digitales. El potencial para un abuso significativo es evidente cuando consideramos el paralelo con el uso del pasaporte. Contrario a la percepción general, el pasaporte no actúa meramente como un medio de identificación en fronteras (pues para esto cualquier documento de identificación sería válido y no se necesitaría el monopolio de identificación estatal); su función principal se ha desplazado hacia ser un mecanismo de control para restringir la salida de ciudadanos del país. La retirada del pasaporte por parte de las autoridades estatales puede efectivamente encerrar a los ciudadanos dentro de sus propios países, demostrando cómo los instrumentos de identificación pueden ser utilizados para coartar la libertad de movimiento.
La preocupación es que la identidad digital europea pueda seguir un camino similar, transformándose de una herramienta de identificación en línea a un mecanismo de control estatal omnipresente. El estado, al monopolizar este sistema de identificación digital y hacerlo indispensable para la realización de una amplia gama de actividades cotidianas, adquiere un poder sin precedentes sobre los ciudadanos. Este escenario plantea un futuro en el que el acceso a servicios básicos, la libertad de expresión y el derecho a la privacidad podrían estar condicionados por la conformidad con las normativas estatales, encarnadas en la posesión y uso de esta identidad digital.
Además, la obligatoriedad de emplear la identidad digital europea para acceder a servicios en línea y realizar transacciones digitales representa un serio peligro para las libertades civiles. Este mandato estatal no solo vulnera la privacidad al exigir la divulgación de datos personales sensibles (como el historial clínico), sino que también establece las bases para una censura y exclusión digitales. En la medida en que el Estado tenga la capacidad de revocar o limitar el acceso a esta identidad digital, tendría en sus manos el poder de silenciar disidencias y marginar a quienes considere indeseables o una amenaza para el orden establecido.
Este análisis crítico no solo destaca los riesgos inherentes a la concentración del poder de identificación en manos del Estado, sino que también subraya la importancia de preservar múltiples mecanismos de identificación y verificación que permitan a los ciudadanos mantener una cierta autonomía frente a la imposición estatal. La experiencia de países sin un documento nacional de identidad obligatorio, como Estados Unidos, ilustra cómo la diversidad de métodos de identificación puede ofrecer una barrera contra el control estatal excesivo.
En conclusión, es imperativo considerar con escepticismo y cautela la implementación de la identidad digital europea, reconociendo los peligros potenciales que representa para la libertad individual y la privacidad. La historia y la función del pasaporte como instrumento de control estatal deberían servirnos de advertencia: cualquier herramienta de identificación, si se centraliza y se hace obligatoria por el Estado, puede fácilmente convertirse en un medio para limitar nuestras libertades fundamentales, en lugar de protegerlas.